El escándalo de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (Faffe) está tomando dimensiones más que preocupantes. Lo último que ha trascendido de las investigaciones de la Guardia Civil -gracias a las revelaciones realizadas por el PP- es que el ex director gerente de dicha institución, Fernando Villén (ex militante socialista), pagó con tarjetas de crédito hasta 31.069 euros en prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. Que el dinero para la formación de la enorme bolsa de parados que tiene Andalucía se dedique a cuestiones distintas a este fin es muy grave, pero que además ese uso ilícito vaya dirigido a alimentar el negocio de la prostitución (una de las formas más crueles de explotación de las mujeres) es de una gravedad política y moral que apenas necesita explicación. La presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre, Susana Díaz, se apresuró ayer a tachar de "repugnante" el comportamiento de este ex empleado público, pero recordó que los cargos se produjeron entre 2004 y 2010, cuando ella no era presidenta de la Junta. Nadie está culpando a Díaz del desafuero de la Faffe, pero sí hay que exigirle que se depure hasta la última responsabilidad en este asunto. Aparte, claro está, la Junta debe colaborar sin trabas -como parece que ya está haciendo- con la investigación abierta por la Justicia. Precisamente, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha citado mañana a declarar a Fernando Villén gracias a la petición de la representación procesal de la Junta. Ése, y ningún otro, debe ser el camino.

El adelanto de las elecciones autonómicas andaluzas, por su parte, ha evitado que comiencen los trabajos de la comisión parlamentaria constituida muy recientemente para investigar los desvaríos de la Faffe. Debe ser un compromiso inequívoco de la candidata Susana Díaz que, una vez que se constituya el próximo Parlamento de Andalucía, el Partido Socialista, independientemente de los resultados finales en las urnas, haga todo lo que esté en su mano para que se vuelva a constituir dicha comisión y se depure hasta la última de las responsabilidades políticas.

Los ciudadanos no podemos tolerar que se haya gastado un solo céntimo público en alimentar la prostitución. Tampoco que se haya vuelto a vincular el nombre de Andalucía al derroche y a la corrupción.