Los temores de que el Gobierno de España haya dejado escapar en el último esprint de la negociación del Brexit lo conseguido al inicio de la misma por el anterior Ejecutivo respecto a Gibraltar no se han disipado ni después de que el Consejo Europeo diese ayer el sí a las condiciones en las que Reino Unido saldrá de la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó de nuevo ayer con grandilocuencia lo pactado. Pero lo cierto es que sigue habiendo interpretaciones contradictorias sobre si las declaraciones hechas ayer por los 27 tienen valor jurídico vinculante o se quedan en un respaldo meramente político. En la última semana, la experimentada y exitosa diplomacia británica "metió un gol" a la española, según la propia definición del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la redacción final del acuerdo para el tratado, al incluir un artículo desconocido para España hasta entonces, el 184. Éste, en combinación con el artículo 3, puede desactivar la posición de veto sobre cuál es el futuro de Gibraltar en su relación con la UE y, por tanto, condiciona el futuro de la disputa por la soberanía. La reacción primera de España fue negarse en redondo a validar el Brexit y amagar con bloquearlo si no se modificaba el tratado. Pedro Sánchez, desde Cuba, llegó a decir que no se celebraría el Consejo Europeo. Horas después, ya en España, anunció un acuerdo que, según dijo, incluía un triple blindaje y levantó el veto. Consumado el Consejo Europeo y validado el Brexit por los jefes de Gobierno de la UE, la incertidumbre no se ha despejado. El tratado, como texto jurídico vinculante, queda intacto. Pero si las declaraciones interpretativas se unen al mismo como anexo sí tendrían valor jurídico, según el experto en Derecho Internacional consultado por este diario. Si, por el contrario, las declaraciones interpretativas sólo se unen a las actas del Consejo Europeo y no forman parte del corpus del tratado, su valor jurídico decae y apenas es un respaldo político. Basta señalar que Efe mandó crónicas con la primera versión y Europa Press con la segunda para dudar de cuál es su efectividad real. Por ello, es vital aclarar con qué fórmula jurídica se recogen esas declaraciones interpretativas, porque ya decíamos ayer que las cartas de los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, y menos la del embajador británico ante la UE, no tenían un valor jurídico equiparable. Si el respaldo a España está unido al tratado avalaría a Sánchez sobre el blindaje. Si sólo forma parte de las actas del Consejo Europeo explicarían la seguridad con la que la premier británica, Theresa May, y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, aseguraron que nada había cambiado sobre el estatus de Gibraltar. Pese a que Sánchez mantuvo ayer su tono de victoria épica que justificaría haber levantado el veto, la oposición no le cree y le afeó que haya cedido.