Grandes fortunas y falsos debates

El Gobierno reponde a la decisión andaluza de suprimir el Impuesto de Patrimonio con el anuncio de uno que gravará las 'grandes fortunas'

Andalucía ha situado el debate fiscal en el centro de la atención nacional. La decisión del Gobierno regional, anunciada por su presidente en un Foro de este periódico el pasado lunes en Madrid, de suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio ha supuesto una convulsión que no se había producido cuando otras comunidades, como Madrid, hicieron lo mismo. Es como si ciertas prerrogativas en materia tributaria pudieran se ejercidas sólo por algunos y como si otros carecieran de ese derecho a pesar de que el marco autonómico permite, para todos, la gestión de los impuestos cedidos. Equiparar a Andalucía, tras las medidas adoptadas por Juanma Moreno, con un paraíso fiscal o acusar a la región de dumping fiscal es hacer demagogia sin argumentos. Es imposible, en términos cuantitativos, que la bajada del Impuesto de la Renta y la supresión del de Patrimonio supongan un deterioro grave de la calidad de los servicios públicos en Andalucía. Son falsos debates que han proliferado en torno esta cuestión Porque de lo que se trata, al final, es de olvidar los aspectos económicos o técnicos y situar la discusión en el terreno ideológico y de desgaste político. Esto explica que, apenas un par de días después de que Juanma Moreno aprobara el fin en la región del Impuesto de Patrimonio, el Gobierno de la nación contraprogramase con el anuncio de uno que gravará las grandes fortunas sin especificar, por cierto, qué es lo que entiende el Ministerio de Hacienda como gran fortuna y si ello va a suponer una doble imposición en aquellas comunidades que mantengan vigente el que ahora se ha suprimido en Andalucía. La ministra María Jesús Montero hace suyo un planteamiento del ala más radical de Podemos que hasta hace sólo unos días rechazaba por considerarlo inviable. Estamos, como ocurre tan a menudo, en España reduciendo a términos de confrontación ideológica cuestiones en las que los ciudadanos se juegan su dinero y, de paso, su calidad de vida.

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