Jugar con la seguridad

Una vez que se hizo público el caso, los españoles tienen derecho a saber quién y para qué extrajo 2,6 gigas de información del teléfono de Sánchez

En España es ya una costumbre política elevar al máximo la tensión en torno a ciertos temas y dar la impresión de que el país está a punto de estallar para después dejarlos caer en el olvido más absoluto cuando han dejado de tener la utilidad que pretendían sus promotores. Va para tres semanas que el Gobierno, en una maniobra política cuanto menos imprudente, convocó una rueda de prensa para anunciar que los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido hackeados y se les había robado información sensible con el softwareisraelí Pegasus, que sólo se vende legítimamente a los gobiernos para prevenir el terrorismo y el crimen organizado. Era la forma en la que La Moncloa quería desactivar el escándalo montado en torno al espionaje por parte del CNI de separatistas catalanes y para ofrecerles la cabeza de la directora de los servicios de Inteligencia del Estado. Una vez conseguido ese fin, del tema no ha vuelto a saberse nada. Las cosas no pueden quedarse ahí. Quizás lo más lógico es nunca hubiera trascendido a la opinión pública una operación de espionaje de esta envergadura. Pero una vez que no ha sido así, ahora los españoles tienen derecho a saber quién y para qué se intervino el teléfono del presidente del Gobierno, a dónde han ido a parar los 2,6 gigas de información que de él se extrajeron -que no es poca información- y sobre todo por qué durante un año hubo esa brecha de seguridad sin que nadie aparentemente la descubriera. La falta de claridad del Gobierno en este tema ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en torno a la supuesta utilización de este caso por Marruecos para torcer la política española sobre la cuestión del Sahara. Una vez más se demuestra que el Gobierno es capaz de actuar con una frivolidad que entra de lleno en los terrenos de lo temerario. Con cuestiones tan sensibles como la seguridad del Estado, éste es un comportamiento que no es tolerable.

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