El incendio declarado el sábado en el paraje de Las Peñuelas de Moguer pone de manifiesto uno de los principales problemas a los que vamos a hacer frente durante este verano. La lucha contra el fuego aparece como un elemento clave en un año en el que la sequía se hace especialmente presente y las temperaturas registran cotas hasta ahora no contempladas. Al mismo tiempo, el tratamiento mediático de estos desastres debe regirse por el rigor y la seriedad y huir de apreciaciones sensacionalistas que sólo sirven para generar desasosiego e inseguridad. La lucha contra el fuego es hoy por hoy una asignatura determinante para las administraciones, toda vez que la fuerza de las llamas ha demostrado últimamente su capacidad para concluir en tragedias como la registrada en Portugal. En este sentido, es prioritario establecer una política de prevención en la que no se escatime ni un solo euro. El desbroce de los caminos rurales y la adecuación de cortafuegos en las áreas forestales son dos elementos en los que la Administración no puede recortar. Del mismo modo, tal y como se ha comprobado en el fuego de Huelva, la unidad de acción entre los efectivos de las distintas administraciones se está demostrando como la medida más eficaz para acabar con las llamas. Hay que alabar el trabajo realizado por los miembros del Infoca, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los integrantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han demostrado que por encima de todo está la defensa de la integridad de las personas y de nuestro patrimonio natural. Y no hay nada mejor para resguardar nuestro tesoro natural que la aplicación de la legalidad vigente con el mayor peso posible. Si se confirma que el incendio que estos días castiga a Huelva ha sido provocado, lo que se impone como la hipótesis más probable, cabe reclamar de la Justicia una actuación tajante y severa. Si Doñana está considerado como Patrimonio de la Humanidad quizás sería el momento de plantearse que quienes atentan contra parajes de esta relevancia sean conscientes de que el peso de la ley va a ser el máximo sobre sus acciones. El terrorismo ambiental debe ser castigado con todo el peso de la Justicia y ha llegado el momento de que se plantee una revisión del Código Penal que endurezca las penas contra quienes ponen en riesgo no sólo nuestro entorno sino también la vida de cientos de personas. Finalmente, en situaciones como las que vivimos estos días cabe reclamar seriedad, rigor y calma a quienes informan. La expansión de bulos y medias verdades puede acabar generando tragedias indeseadas y no sirve más que para retratar a aquellos que han hecho del sensacionalismo su forma de ser. Ante estas tentaciones, cabe reivindicar la información seria y certera en virtud del compromiso de servicio público que tenemos los medios de comunicación.