Marruecos se desentiende de sus menores

Marruecos está mirando para otro lado en el asunto de los MENA. La obligación de un Estado es proteger a sus menores

La cada vez mayor afluencia de los llamados menores extranjeros no acompañados (MENA) a las costas españolas se está convirtiendo en un problema de primera magnitud para España, en general, y Andalucía, en particular. En la actualidad, son ya más de 11.000 los MENA tutelados por las comunidades autónomas (que son las que tienen las competencias en cuestiones relacionadas con menores), la mayoría de ellos en nuestra región. Como se lleva avisando desde hace tiempo, los centros sociales especializados en la acogida de estos extranjeros, de los que el 80% son marroquíes, se encuentran saturados y, aunque el Gobierno ha prometido fondos para ayudar a las regiones que se comprometan con su acogida, lo cierto es que la mayoría de éstas se muestran reacias. Toda la solidaridad mediática y aparentemente desinteresada que se expresó cuando la crisis del barco Aquarius, se ha convertido, hoy por hoy, en recelos apenas disimulados. El problema, sin embargo, en vez de remitir, crece alarmantemente. España y Andalucía tienen un auténtico problema en su costa sur.

Ante esta situación, la actitud de Marruecos está siendo la de mirar a otro lado, pese a que, insistimos, la gran mayoría de los MENA son ciudadanos suyos. Cuesta mucho comprender cómo el reino alauí se desentiende de sus menores, a los que debería proteger y amparar. También que el Gobierno de este país incumpla continuamente el acuerdo de "retorno concertado" que suscribió con España en 2007, que hoy por hoy es auténtico papel mojado. Muy recientemente, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, se entrevistó con su homónimo marroquí, Abdelouafi Laftit, para hablar del problema. La oferta de este último es, sencillamente, inadmisible: el vecino del sur se compromete a readmitir a sus MENA siempre a cambio de que nuestro país sufrague su manutención y su educación hasta que sean mayores de edad. De esta forma, Marruecos no sólo se desentiende de una manera casi cruel de unos niños y adolescentes que son su responsabilidad, sino que le endosa a España un problema que, de sobra se sabe, irá en aumento si se admiten las exigencias marroquíes. El peligro de un efecto llamada es evidente.

Marruecos, un país en vías de desarrollo, tiene la obligación moral y los recursos suficientes para educar a sus menores. Querer que España realice esa labor es, sencillamente, una dejación de su labor como Estado. España, por su parte, no debe ceder al chantaje.

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