Como era previsible, el Rey encargó ayer a Pedro Sánchez que intente formar Gobierno. No podía ser de otra manera. Aunque de manera insuficiente, el candidato socialista fue claramente el más votado en las últimas elecciones generales y tiene juego a derecha e izquierda para intentar crear un Ejecutivo con el que ponerse cuanto antes a trabajar en los muchos y graves problemas que tiene España: el intento secesionista en Cataluña, los nubarrones económicos que se ven en el horizonte, la crisis demográfica, la necesidad de reformar el sistema de pensiones, la financiación autonómica y una larga lista de asuntos de gran calado que esperan a ser atendidos. No ha hecho falta esperar a la ronda de contactos del Rey para saber cuál es el juego de Pedro Sánchez. Descartada cualquier posibilidad de entendimiento con las fuerzas constitucionalistas a su derecha, el PSOE ha puesto toda su capacidad negociadora en formar con Unidas Podemos el autodenominado "Gobierno de Progreso", y en asegurarse la imprescindible abstención de ERC, un partido con sus principales líderes en prisión o huidos por delitos tan graves como sedición y malversación, lo que no ha impedido que los socialistas se sienten a negociar. Estas conversaciones, las más morbosas para la prensa después de los graves sucesos del 1-O y del consiguiente juicio en el Tribunal Supremo, están ocultando, sin embargo, las que PSOE y Podemos están manteniendo para repartirse el poder una vez que Pedro Sánchez salga investido como presidente del Gobierno de España. Ni que decir tiene que estas conversaciones son de vital importancia para el futuro del país y su estabilidad, por lo que, dentro de la lógica discreción que debe envolver las negociaciones, se debería hacer un esfuerzo de mayor transparencia.

Aparte, hay que hacer una reflexión sobre las conversaciones entre el PSOE y ERC para lograr la investidura. A nadie se le escapa la importancia que tuvieron las cuestiones relacionadas con el procés en las últimas elecciones. Tampoco que el actual candidato a ser investido presidente mantuvo durante la campaña un discurso determinado sobre Cataluña y que, entre otros asuntos, llegó a proponer que el Código Penal volviese a acoger el delito de referéndum ilegal, así como a comprometerse (sorprendentemente) a traer al ex presidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, a España. ¿Es lícito que ahora cambie completamente su política hacia Cataluña por su interés personal y el de su partido? Como mínimo, se puede decir que es poco estético.