A estas alturas nadie con un mínimo de educación duda de la plena igualdad entre los hombres y las mujeres, un camino que empezó con la Ilustración (cuando surgieron las primeras feministas) y ha tenido diferentes momentos de aceleración y ralentización a lo largo de los tres últimos siglos. Hoy en día no es exagerado decir que el logro de la igualdad completa y efectiva está muy cerca de producirse, aunque aún quedan asperezas que limar. Esta lucha, sin embargo, no debe justificar algunos comportamientos exagerados y ridículos, como el de intentar cambiar el idioma español por decreto para acabar con lo que algunos llaman "machismo lingüístico". Es el caso, por ejemplo, del genérico masculino, que como todos sabemos, incluye tanto a mujeres como a hombres, aunque cierto sector del feminismo lo considera una afrenta y pide que se desdoble de manera que siempre se diga en masculino y femenino (andaluces y andaluzas, por ejemplo). Es cierto que en la forja de un idioma son determinantes las condiciones políticas, sociales y económicas en las que ésta se produce, y que los valores machistas que han predominado durante siglos han influido en la evolución del español. Pero también lo es que intentar cambiar bruscamente y desde arriba un idioma sólo puede llevar al rechazo de los hablantes. Es lo que está pasando con dichos desdoblamientos del español, llamados por sus partidarios "lenguaje inclusivo". Sólo los políticos más comprometidos con esta causa y algunos documentos oficiales lo usan. La gran mayoría de los hablantes, como no podía ser de otra manera, lo ignoran conscientemente, empezando por casi todas las mujeres.

Recientemente, la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, entusiasta partidaria del "lenguaje inclusivo", encargó un informe a la Real Academia Española (RAE) para que valorase la posibilidad de trasladarlo a la Constitución Española. Sin embargo, la RAE, en dicho documento, ha enfriado las expectativas de Calvo al afirmar que la Carta Magna "es gramaticalmente perfecta". Eso sí, recomienda desdoblar algunos cargos muy concretos, como rey y reina o príncipe y princesa. Poco más. Al final se ha impuesto el sentido común, el que usan la gran mayoría de los ciudadanos todos los días cuando se comunican en español. La vicepresidenta, que no podía ocultar su decepción, declaró que "no está en manos de nadie parar el avance del lenguaje inclusivo". Si tiene razón y dentro de unos años todos lo usamos de manera natural y espontánea, seguro que la RAE lo terminará recomendando de forma generalizada.