El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que los trabajadores de refuerzo contratados por el Servicio Andaluz de Salud para hacer frente al aumento de demanda asistencial provocado por la pandemia continuarán en sus puestos tras la finalización de sus contratos en abril. La medida afecta a unos 12.000 sanitarios que permanecieron en el SAS cuando el pasado noviembre fueron despedidos otros 8.000, del total de 20.000 que fueron contratados cuando el pico alto del Covid desbordó las capacidades del sistema. Sería superficial limitar el alcance del anuncio de Moreno a una medida electoralista hecha cuando faltan sólo meses para que los andaluces sean convocados a las urnas y en vísperas de que se celebre en Sevilla el congreso que debe significar el rearme político y social del Partido Popular. Aunque algo de ello hay. Los actuales inquilinos del Palacio de San Telmo no olvidan el coste político que tuvo para Susana Díaz su mala gestión de la Sanidad y su enfrentamiento con diversos colectivos de trabajadores, y han demostrado a lo largo de la legislatura que no están dispuestos a cometer los mismos errores. Pero más allá de estas consideraciones, lo trascendental de la medida es que con ella se actúa sobre el problema de atención sanitaria que se ha concentrado, sobre todo, en la primaria, lo que ha producido un creciente descontento entre la población. La pandemia parece claro que va en regresión, pero para que la Sanidad pública recupere su pulso y vaya hacia la normalidad queda todavía mucho tiempo y van a hacer falta personal y recursos. Que estos 12.000 trabajadores sigan en sus puestos requiere que la Junta destine a este fin 347 millones de euros de sus propios recursos ante la negativa de la Administración central a habilitar el fondo especial para el Covid que habían reclamado las comunidades autónomas. Con esta inversión el Gobierno andaluz cumple la que debe ser una de sus principales obligaciones: blindar, hasta donde los presupuestos lo permitan, la Sanidad pública.