La propuesta de dictamen de la comisión del Parlamento de Andalucía que investiga las irregularidades en la gestión de las subvenciones de la Junta a la formación profesional para el empleo señala que los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán son los responsables políticos, ya que fueron ellos los que nombraron a los consejeros con competencias en materia de formación para el empleo entre los años 2002 y 2012. Es decir, concluye con una obviedad, por lo que se podría afirmar, como el viejo refrán castellano, que "para este viaje no hacían falta estas alforjas". Después de todos los esfuerzos realizados, de la bronca política, de horas y horas de trabajo, dicha comisión -como era presumible, por otra parte- aporta poca luz al caso y se limita a señalar a dos políticos amortizados que han pagado con creces sus responsabilidades políticas (recordemos que Chaves y Griñán no ocupan hoy ningún cargo público). Cierto es que este texto, que presentó el lunes el presidente de dicha comisión, el parlamentario andaluz de Ciudadanos Julio Díaz, no es todavía el definitivo, ya que los cinco grupos de la Cámara andaluza cuentan con 20 días para presentar enmiendas y que, al final, muy probablemente, lo que se aprobará en el Pleno de la última semana de marzo será un texto de consenso. Es decir, primará más el apaño político que la búsqueda de la verdad. Una vez más vemos cómo los partidos cuidan más de sus intereses particulares que de los generales de la comunidad autónoma.

No pretendemos en absoluto negarle al Parlamento de Andalucía su derecho (e incluso obligación) por interesarse por cualquier tema que afecte a los ciudadanos, más cuando están en juego importantes cantidades de dinero público. Sin embargo, sí ponemos en duda la utilidad de una comisión que poco o nada ha sacado en claro y que ha acaparado demasiadas horas de trabajo que se podían haber dedicado a otros temas de mucha más urgencia para los andaluces. Y más cuando había y hay abierta una instrucción judicial que se está encargando de depurar la posibles responsabilidades en este caso. El Parlamento de Andalucía debe dedicarse en cuerpo y alma a su principal labor, la de legislar y controlar al Ejecutivo regional en los debates parlamentarios, lo cual no implica ni mucho menos abrir investigaciones paralelas a las que ya está realizando la Justicia.