El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) acaba de condenar a España a una sanción de doce millones de euros por incumplir la normativa comunitaria en materia de saneamiento integral en 17 aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes. Se culmina así un proceso iniciado en 2010, tras la denuncia de la Comisión Europea, y que ya provocó, un año después, una primera resolución de advertencia. De los avisos, ahora se pasa a las multas, que se incrementarán en 11 millones de euros cada semestre que transcurra sin que se pongan los medios para corregir la situación.

De los 17 incumplimientos la mayoría se registran en Andalucía. En la comunidad se contabilizan un total de siete casos, frente a tres en Galicia y Valencia, dos en Canarias y uno en Asturias. Son los ejemplos de Matalascañas e Isla Cristina, en Huelva, Barbate, en Cádiz, y Alhaurín el Grande, Coín, Nerja y Estepona-San Pedro Alcántara, en Málaga. Esta última figura en la denuncia inicial, pero ya cumple con la norma tras ampliar la capacidad de su depuradora y mejorar el tratamiento. La mayoría de las sanciones corresponden a municipios turísticos, por lo que la repercusión negativa es mayor. Se trata de tener perfectamente depuradas sus aguas residuales para que no acaben en vertidos al mar, que finalmente lleguen hasta las mismas playas concurridas por miles de bañistas. También son ciertamente graves los ejemplos de Coín y Alhaurín el Grande, áreas de importancia agrícola que vierten directamente al río Guadalhorce sin ningún tratamiento previo. Curiosamente, el Gobierno andaluz ha llegado a sancionar a los consistorios, en teoría responsables de contar con dispositivos de saneamiento adecuados, cuando es el propio Ejecutivo autonómico el que ha asumido la responsabilidad de construir la depuradora. Se da la circunstancia de que en Andalucía todos los usuarios pagan desde el 2011 el Canon de Mejora, un impuesto que se cobra junto al recibo del agua para obras de saneamiento y depuración. El PP acusa a la Junta de no incorporar al presupuesto esa partida.

Además, en Andalucía, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha elaborado un mapa con 135 puntos de exclusión para capturar moluscos por su proximidad a vertidos de aguas residuales. Incluso en algunos caladeros ya es obligatorio depurar los productos antes de su venta al público. El saneamiento integral es un problema lo suficientemente importante como para que se afronte con seriedad de una vez por todas, al margen de las multas que pueda imponer la UE.