Los buenos datos de empleo con los que se ha cerrado 2022, con bajadas significativas en el número de parados registrados, tanto en Andalucía como en el conjunto de España, permiten albergar esperanzas de que la economía se comportará en el año que acabamos de estrenar algo mejor de lo que hace sólo unos meses se podía pronosticar en base al escenario internacional al que hay que hacer frente. La guerra de Ucrania es un conflicto enquistado al que no se le ve un final próximo y la crisis energética está directamente relacionada con lo que pase en el escenario bélico que sacude las fronteras orientales de la Unión Europea. En este contexto, la mayoría de los expertos vaticinan que en España asistiremos a una retracción ligera o moderada del Producto Interior Bruto, pero alejaremos el fantasma de una recesión, algo que quizás no podrán hacer algunos países de nuestro entorno. El principal peligro que se cierne sobre el futuro más inmediato es el de la inflación y, sobre todo, el alza del precio de los alimentos. El potencial desestabilizador de este factor es algo que las autoridades económicas deben valorar como prioritario porque afecta a las necesidades básicas de la población. Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno de reducir el IVA de algunos productos de la cesta de la compra van en la buena dirección, pero pueden no ser suficientes dada la escalada que se ha vivido en los últimos meses. Esta campaña de Navidad se han visto subidas desorbitadas a las que muchas familias no han podido hacer frente. Algunos productos, como el aceite de oliva, muy afectado por la bajada de producción provocada por la sequía, se han puesto a unos precios que, como informaba ayer este periódico, no tienen precedentes y que parecen lejos de tocar techo. Si en los próximos meses la curva de subida de los alimentos no se modera, el Gobierno tendrá que adoptar nuevas medidas. Todavía hay margen para actuar porque se está jugando, nunca mejor dicho, con las cosas de comer.