EDITORIAL
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Nuevo fracaso para el Gobierno en su intento de obtener el aval del Congreso para cumplir su compromiso de ceder a Cataluña la gestión de las competencias en materia migratoria. Una cesión que Junts consideraba estratégica en su pulso electoral, mirando a los próximos comicios autonómicos, con Aliança Catalana, un partido que defiende abiertamente postulados xenófobos y ultraderechistas. La cuestión no es menor y tiene varias derivadas. La principal de ellas es que vuelve a demostrarse que el Gobierno tiene un acuerdo parlamentario, que le permite su propia supervivencia, con un partido que está más cerca de los postulados ultras que del pretendido bloque progresista que Pedro Sánchez esgrime como base de su investidura y de la continuación de la legislatura. En un tema tan sensible como es el de la inmigración, los siete votos que permiten al Gobierno respirar a duras penas miran más a las políticas duras contra los extranjeros que a las de asimilación que son propias de la izquierda. Pero también es significativo reseñar que en la votación del martes en el Congreso se puso de relieve, por si faltaba alguna ratificación, que esa pretendida mayoría parlamentaria que sustenta al Ejecutivo hace ya tiempo que saltó por los aires y no deja de ser una mentira. Podemos no dudó en sumar sus votos al PP y a Vox para hacer inviable la toma en consideración. Esa es la fotografía que muestra hoy el Parlamento español: un Gobierno a la deriva incapaz de asegurarse mayorías y en la que sus socios se le fugan constantemente, aunque sus votos se unan a los de sus rivales más enconados. ¿Hacen falta más pruebas para corroborar que esta legislatura es un callejón sin salida y que lo que el presidente Sánchez quiera prolongarla será poco más que la retransmisión a los españoles de una agonía? No es la mejor estrategia en unos momentos en los que la situación internacional no deja de complicarse y cuestiones básicas que afectan a la vida de los ciudadanos están en alto riesgo.
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