El caso Mercasevilla y el de los ERE están relacionados políticamente, pero no tienen un vínculo judicial más allá de que la instructora, Mercedes Alaya, fue la misma. El primero de ellos se ha cerrado con un monumental fracaso de la juez, ya que todos los acusados, todos, han sido absueltos, después de que tuviesen que pagar un fuerte tributo en términos de opinión pública por su condición de políticos. Esta misma semana, la Audiencia de Sevilla ha corregido el criterio del juez que sustituyó a Alaya y de la Fiscalía, hasta tal punto que la titular actual, la juez Núñez Bolaños, ha declarado que ahora dejará de haber "víctimas" de la instrucción, personas que iban a ser juzgadas, simplemente, por solicitar una ayuda a la Junta. Ha sido el caso del anterior obispo de Cádiz Antonio Ceballos, que tuvo que declarar en esta instrucción. Lo que ha decidido la Audiencia es que aquellos ex dirigentes políticos y gestores que vayan a ser procesados en el juicio del "procedimiento específico", cuando se juzgará el diseño y la planificación del sistema de ayudas, no podrán volver a ser juzgados por los casos particulares de cada una de las empresas. Esto supondrá una racionalización de los juicios y evitará a algunos acusados pasarse media vida en los juzgados. Pero, además, habrá muchos sobreseimientos de casos de empresas donde, más allá de la ayuda solicitada, no se han encontrado otras irregularidades, como la presencia de intrusos. El anterior juez y la Fiscalía decidieron que el ex presidente José Antonio Griñán, en contra del parecer del Tribunal Supremo, debía de ser juzgado por un delito de malversación, además de prevaricación. Muchos vieron en ese agravamiento un intento de reforzar el caso ante un juicio que se podía saldar con débiles condenas, pero ha sido la introducción de la malversación la que ha llevado a la Audiencia a esta rectificación: los 21 acusados sólo podrán ser juzgados una vez. ¿Será el de los ERE una suerte de Mercasevilla?