El Gobierno ha mostrado su confianza en que tanto ERC como el PNV apoyen los Presupuestos Generales del Estado de 2022. En este sentido, podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Prácticamente todos los gobiernos de la democracia que no han tenido mayoría absoluta, tanto del PSOE como del PP, han requerido de los votos de fuerzas nacionalistas para sacar adelante sus cuentas anuales. Esto, que para algunos fomenta la pluralidad, dota de un excesivo poder a pequeñas formaciones que, además, nunca se han terminado de sentir cómodas en el marco constitucional y que aprovechan cualquier resquicio para desgastar instituciones como la Monarquía o la Administración central del Estado, cuando no ensayan tácticas directamente rupturistas, como hemos visto recientemente en España. Por eso, difícilmente se le puede criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez que pacte con unos nacionalismos periféricos a los que todo el mundo ha cortejado. Sin embargo, una vez más habrá que poner de relieve la anomalía que esto supone. El problema, como siempre, es que los partidos nacionalistas aprovechan esta posición de fuerza para dos cuestiones. La primera es para conseguir inversiones privilegiadas del Estado. Poco importa que Cataluña y País Vasco sean dos de las regiones más ricas de España, siempre salen favorecidas en unos Presupuestos que sirven para ampliar la zanja que existe entre los diferentes territorios de España. La segunda cuestión es para ampliar sus competencias con evidente merma de las de la Administración central. Esto, en teoría, no debería tener la mayor importancia en un Estado autonómico que, como muchas veces se apunta, es federalizante. El problema es que partidos como ERC no quieren estas competencias para una mejor gestión de los problemas de los ciudadanos, sino para seguir avanzando en un proyecto de construcción nacional que tiene como último fin la separación de España. De alguna manera se puede decir que presupuesto a presupuesto se está cebando un separatismo que aprovecha cualquier oportunidad para finiquitar el proyecto constitucional español.