Una de las tareas prioritarias y urgentes del nuevo Parlamento que surja de las próximas elecciones europeas, en mayo de 2019, será la de negociar la nueva Política Agrícola Común (la famosa PAC) que regirá entre 2021 y 2027. A nadie se le escapa la importancia de este asunto para una comunidad como la andaluza, en la que el sector agropecuario, entre otras muchas cosas, emplea al 10% de la población. El horizonte de la nueva negociación no es muy halagüeño: la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (el Brexit) supondrá una bajada en los presupuestos continentales y algunos países, en los que el campo apenas tiene peso en sus economías, ya piden abiertamente que se dedique menos dinero a la agricultura para atender mejor otros problemas como la inmigración. No va a ser fácil, pues, convencer a Europa de la necesidad de, como mínimo, mantener el nivel de las ayudas al sector primario, por lo que hay que ir tomando posiciones e ir haciendo valer los argumentos en Bruselas para evitar desagradables sorpresas en un inmediato futuro. Como dice el refrán popular, es mejor prevenir que curar.

En este sentido, hay que valorar como positiva la declaración firmada ayer en el Palacio de San Telmo por las principales organizaciones y cooperativas agrarias andaluzas y la Junta -cuya presidenta, Susana Díaz, quiso estar presente en el acto-, en la que se acuerda ejercer una doble presión: la primera, en Bruselas, para que no rebaje su presupuesto global para la PAC (algo que podría suponer la pérdida de unos 1.700 millones de euros para Andalucía, según cálculos de la Administración autonómica); la segunda, para exigir al Gobierno nacional un reparto justo de estas ayudas que no perjudique a nuestra región, como ya ocurrió con el Gobierno del popular Mariano Rajoy, según los firmantes. Habría sido deseable, sin embargo, que dicha declaración se hubiese hecho extensible a todos los partidos del arco parlamentario andaluz para demostrar a la UE y al Estado la unidad de nuestra sociedad en la defensa de los intereses de un sector que emplea a unas 240.000 personas. En cuestiones como la PAC se debería huir de cualquier tentación electoralista y el Gobierno andaluz ha querido brillar demasiado en una cuestión en la que, probablemente, hay un gran consenso tanto en la política como entre los diferentes agentes sociales de Andalucía.