El Gobierno de España está convocado esta mañana a un Consejo de Ministros extraordinario en el que previsiblemente se declarará por tercera vez desde la restauración democrática el estado de alarma. Todavía está por concretar si afectará al territorio nacional o sólo a las comunidades autónomas que lo hayan pedido. La tasa de contagios de la segunda ola en la pandemia del Covid-19 justifica plenamente que haya que recurrir a esta medida excepcional, sólo antes aplicada en España en parecidas circunstancias en marzo pasado y en la rebelión de los controladores aéreos de 2010. Las tres veces, con gobiernos del PSOE. La movilidad social incide de forma sustancial en la expansión del coronavirus y para aminorarla la solución es restringirla. Y, a falta de legislación sanitaria que lo permita, sólo cabe apoyar el uso de este instrumento constitucional. En lo que a Andalucía se refiere, es el momento de que se apliquen medidas contundentes para frenar el avance de la enfermedad, que se ha cobrado la vida de 2.331 personas en la comunidad desde la declaración de la pandemia. Entre aquellas no habría que descartar el toque de queda, al menos en las zonas de alta incidencia. Más de la mitad de los 3.503 casos detectados ayer están localizados en Granada y Sevilla. Atajar esos focos de contagio es prioritario para salvar vidas. Por más que apoyemos que se recurra de nuevo al estado de alarma, no podemos ocultar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a gestionar la pandemia más como estratega político que como defensor de los intereses generales, con una maniobra más pensada para forzar al PP, no ya a no oponerse, sino a apoyarle. Gobernar es responsabilizarse. Si el estado de alarma es necesario a juicio del Ejecutivo, ha de decretarse sin demora. Y eso valía también hace semanas, sin esperar a que lo pidieran los gobiernos autonómicos, especialmente los que gobiernan partidos que le hacen oposición en el Congreso. No se puede hacer política cuando están vidas en juego. No todo vale.