Los presidentes de la Generalitat de Valencia y de la Junta de Andalucía, Ximo Puig y Juanma Moreno, respectivamente, se reunieron ayer en Sevilla para firmar una declaración en la que se pide un nuevo sistema que mejore la financiación de dos comunidades que reúnen el 30% de la población española. No es una petición caprichosa. En la actualidad clama al cielo la infrafinanciación de las comunidades más pobladas. En concreto, cada ciudadano andaluz recibe 110 euros menos que la media nacional. El caso de los valencianos es aún más sangrante, llegando la cifra hasta los 220 euros menos. Esta infrafinanciación no deja de ser una clara vulneración de la igualdad entre todos los españoles, principio consagrado en nuestra Constitución. Es cierto que hay regiones en la que se deben contemplar cuestiones como la excesiva dispersión en el territorio de su población o el envejecimiento de la misma, pero esto nunca se debe hacer de manera que perjudique a los territorios más poblados, como es el caso de Andalucía y Valencia. La declaración de los presidentes de ambas no se ha quedado en mera retórica. Conscientes de que la renovación del sistema de financiación territorial, que lleva caducado desde 2008, puede eternizarse en el tiempo -siempre se buscan excusas para retrasarla-, Puig y Moreno reclaman al Gobierno de la nación que cree un fondo de compensación de no menos de 1.700 millones de euros para atender las necesidades de los ciudadanos de ambas comunidades, cuyo bienestar se ve claramente perjudicado en comparación con los habitantes de otras regiones. No estamos ante una de esas maniobras en las que se usa el poder autonómico para desgastar al Gobierno central. Andalucía y Valencia están gobernadas por el PP y el PSOE, respectivamente, lo que ya de por sí es un indicativo de la justicia de dicha causa. No es normal, y menos en estos tiempos de crispación máxima, que estos dos partidos se unan en una petición de tanto calado. Esto debería ser un argumento de peso para que desde el Gobierno se empiece a atender este problema, que está generando una nueva deuda histórica.