La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla de apartar al juez Pedro Izquierdo del juicio a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE es totalmente acertada. Como ya aseguramos en su día, nadie pone en duda la capacidad profesional y honorabilidad de este magistrado, pero era inviable -aunque sólo fuese por motivos estéticos- que formase parte del tribunal que va a juzgar a dos presidentes de la Junta de Andalucía que habían sido sus jefes políticos cuando ostentó el cargo de secretario general de Justicia de la autonomía, precisamente en el momento que presuntamente se cometieron los hechos que se juzgan. Esta recusación es más comprensible aún si tenemos en cuenta que Pedro Izquierdo también iba a ser el ponente de la causa, es decir, que se iba a encargar de redactar la sentencia final, con todo lo que ello conlleva. Los ciudadanos no hubiesen entendido que un cargo de confianza política juzgase a sus antiguos superiores y siempre habría existido una sombra de sospechas en las decisiones y el veredicto final de Pedro Izquierdo. Aunque la iniciativa de la recusación, presentada por el PP y Manos Limpias, responde en gran parte a la lógica política que suele envolver este tipo de casos, lo cierto es que ésta era inevitable. Con razón o sin ella, la Justicia española no puede seguir transmitiendo a los ciudadanos la sensación de que está siendo políticamente manipulada. Es la propia Audiencia de Sevilla la que hace hincapié en que "no se trata de cuestionar la profesionalidad del magistrado recusado, ni su capacidad para la imparcialidad, de lo que entendemos no existe la menor duda". Es importante subrayar esta idea. Pero la lógica se ha impuesto y la Audiencia asume también que la posición de Izquierdo no era la ideal para "sembrar la necesaria confianza de las partes y de la sociedad en el correcto funcionamiento de los tribunales". Como bien dice la Audiencia, "lo fundamental no es determinar si el juez ha perdido o no la imparcialidad", sino si las circunstancias podrían sembrar dudas sobre su parcialidad. Pues bien, estas circunstancias sembraban todo tipo de dudas y, por tanto, se ha hecho lo que dictaba el sentido común. Una vez aclarada la cuestión de Pedro Izquierdo, ya sólo queda pedir a la Justicia la máxima celeridad para que se celebre cuanto antes el juicio que acabe de una vez por todas con la muerte civil a la que ya han sido condenados tanto Chaves como Griñán.