Una regulación oportuna y necesaria

Andalucía se ha convertido en una potencia en la generación de energías limpias, con una capacidad instalada de 16 gigavatios al cierre del primer semestre de este año, con especial preponderancia de producción de energía renovable obtenida de recursos naturales como el viento y el sol. Esa potencia señala que el desarrollo se acerca mucho al previsto en los planes nacionales de electrificación de la economía y de la lucha contra el cambio climático, ya que en 2026 debería ser de 20 gigavatios. Pese a este importante despliegue, la ocupación del territorio andaluz, menos del 1% de los casi 87.600 kilómetros cuadrados que suman las ocho provincias andaluzas, están ocupados por instalaciones eólicas o fotovoltaicas. Tras una primera fase de fuertes inversiones –básicamente privadas– para que Andalucía sea líder en producción energética y con ese nivel de generación, el Gobierno de la Junta considera que el despliegue de las renovables entra en una fase de “madurez y optimización”. Por abordar esa nueva etapa, varios departamentos del Ejecutivo andaluz están implementando nuevas normas que regulen mejor, con el equilibrio necesario, este cambio económico que da una oportunidad a la comunidad de tener un papel relevante en la cuarta revolución industrial. Tener energía limpia y a precio competitivo es una gran ventaja para atraer inversiones, pero no puede hacerse sin control. Entre las medidas que prepara la Junta de Andalucía está que la próxima revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía establezca criterios para lograr ese equilibrio deseable. Se trata de una regulación oportuna y necesaria que, entre otras cosas, delimitará qué porcentaje de cada término municipal puede dedicarse a la producción renovable y qué distancia debe haber entre esas plantas energéticas y los núcleos de población. Usar suelos industriales en desuso, como las minas clausuradas, o fomentar actividad agrícola y ganadera compatible con las plantas fotovoltaicas son otras medidas acertadas que ha acordado el Gobierno andaluz.