El resbaladizo terreno de la reforma fiscal

Más que subir los impuestos, el Estado debería optimizar la gestión de los recursos públicos, algo en lo que queda mucho por hacer

La nueva ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, ha anunciado la puesta en marcha de una reforma fiscal para adaptar el sistema tributario a "una sociedad del siglo XXI". Tiempo habrá de ir analizando una por una las distintas medidas, una vez que superen la condición de mera idea y se materialicen en propuestas concretas. Por lo pronto, queda la tranquilidad para las clases medias, cuyas rentas provienen fundamentalmente del trabajo, de que no se subirá ni el IRPF ni el IVA. Eso sí, la ministra propone nuevas subidas de impuestos a las grandes empresas tecnológicas y a la banca, así como tributos medioambientales y medidas para favorecer la igualdad de género en las empresas, entre otros aspectos. Como se verá, estamos hablando de un conjunto de medidas muy dispares en las que convergen algunos viejos resabios de la socialdemocracia con ideas novedosas que deben tenerse muy en cuenta. Toda reforma fiscal es un terreno resbaladizo en el que hay que andar con mucho tiento y en el que es muy fácil equivocarse, con el consiguiente perjuicio a la economía. En general, podemos decir que la empresa española ya está lo suficientemente cargada de impuestos como para añadirle aún más. Es evidente que la tributación es necesaria para mantener en pie el Estado de bienestar y, por tanto, garantizar la paz social. Sin embargo, creemos que la ampliación de los recursos debe venir más por la optimización de la gestión pública (un camino en el que aún queda mucho camino por recorrer) que por la subida de unos tributos que pueden servir como auténticos inhibidores del emprendimiento. Además, como ya se ha señalado más de una vez, propuestas como la de un impuesto finalista a la banca para ayudar a la sostenibilidad de las pensiones sólo conseguirán el encarecimiento de los servicios financieros que reciben los ciudadanos de la banca privada. Más interesante es la idea de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas, popularmente conocido como Tasa Google. Parece claro que estos gigantes digitales que hacen pingües negocios en España deberían colaborar muchísimo más con el mantenimiento del Estado de bienestar, pero es algo que, por la condición multinacional y virtual de dicho negocio, debe ser abordado en el seno de la Unión Europea y en otros organismos multilaterales. La fiscalidad del siglo XXI deberá tener muy en cuenta unos negocios que siempre serán especialmente huidizos a las haciendas nacionales.

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