La gestión del Gobierno de la crisis provocada por el coronavirus ha dejado, por ahora, mucho que desear. A los iniciales problemas de identificación de la gravedad de la pandemia, pese a los informes que tenía ya en su poder, siguieron evidentes fallos en la compra de material de estricta necesidad para combatir al virus (equipos de protección individual, respiradores, etcétera) y en la comunicación social. Incluso, hubo momentos en los que quedaron escandalosamente claras sus divergencias internas y se ha advertido una inquietante descoordinación entre los ministros del PSOE y Unidas Podemos. España estaba ante la mayor crisis de su historia más reciente y su Ejecutivo, autodenominado "de progreso", se permitía el lujo de funcionar como un ente bicéfalo. Sin embargo, según indican todas las cifras -aunque aún siguen siendo dramáticas- España puede iniciar ya la llamada desescalada para volver a la añorada normalidad, algo que tardará mucho en llegar, de ahí que se haya usado ese eufemismo de "nueva normalidad" con el que se nombra al incierto futuro más próximo. Son muchos los que piensan que un Gobierno que tan mal ha gestionado la parte más dura y dramática de la pandemia, tampoco acertará en esta segunda fase en la que hay que reiniciar el país y en la que son muchas las amenazas. El esquema presentado ayer por Pedro Sánchez para culminar ese viaje a la "nueva normalidad" no está mal sobre el papel, aunque otra cosa será la gestión del mismo, el día a día, las cuestiones prácticas, la fontanería del proceso. En este sentido están justificadas todas las dudas.

Pero, como decíamos, sobre el papel el Gobierno parece acertar por ahora. En primer lugar por recurrir a la provincia como unidad básica de este desescalamiento. Pese a la antipatía de los nacionalismos periféricos hacia las provincias (a las que consideran un instrumento del centralismo), está claro que las autonomías son territorios demasiado amplios y complejos para decretar medidas que se deben adecuar al máximo a las peculiaridades de cada zona geográfica. Sólo hay que pensar en Andalucía, en la diversidad de sus geografías física y humana. Además, en las provincias hay una autoridad central clara, los subdelegados del Gobierno, que puede servir para coordinar bien el proceso con el resto de España. También es lógico que se haga en fases (cuatro en concreto) y que cada una de ellas tenga que ser aprobada antes de pasar a la siguiente (y siempre con el visto bueno de los expertos en la materia). Otra cosa, insistimos, será la plasmación práctica de estas ideas.