En los próximos dos años el Gobierno prevé recaudar 9.000 millones extras mediante un plan de lucha contra el fraude y una sustanciosa subida fiscal. Sobre lo primero, poco hay que decir. El fraude fiscal no es sólo un delito, sino un clara muestra de insolidaridad social, por lo que su persecución es una obligación de todos los gobiernos, independientemente de su orientación ideológica. Más discutible y problemática es, sin embargo, la importante subida fiscal anunciada por el Ejecutivo. En contra de la doctrina que había imperado en el PSOE en los últimos tiempos, que se pueden resumir en la frase "bajar los impuestos es también de izquierdas", el Gobierno de Sánchez ha mostrado una importante tendencia a lo contrario. En parte, esto se debe a que su socio en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, pertenece a una izquierda radical en la que el aumento de la presión fiscal es casi un dogma de fe, independientemente de las circunstancias de cada momento. Pero, sobre todo, este giro tiene más que ver con la complicada situación que vive el país, inmerso en una crisis sin precedentes debido a la brusca interrupción del coronavirus. Más allá de cualquier consideración ideológica, la mayoría de los economistas, incluidos los liberales, han mostrado en los últimos tiempos la necesidad de subir los impuestos en España para hacer frente a los complicados retos que debemos afrontar. No nos cabe la menor duda de que, una vez que están atendidas las necesidades básicas del Estado del bienestar, el mejor lugar para el dinero es el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, la emergencia actual aconseja el aumento de la presión fiscal. Además, hay que tener en cuenta que algunas de las nuevas medidas, como la subida del IVA para los contaminantes plásticos de un solo uso o los insanos refrescos azucarados, están dentro de la doctrina de la Unión Europea. En cierta medida, este aumento era inevitable, incluso sin crisis.