Accidente laboral, responsabilidad empresarial

La vuelta a la normalidad está dejando una cifra de siniestralidad alarmante. Tras la fuerte bajada de la actividad económica que se tradujo en un descenso de los accidentes in itínere, el escenario actual está demostrando que las empresas continúan relegando la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras a un segundo plano. Las cifras así lo demuestran: 59 personas trabajadoras fallecidas en los primeros seis meses del año en Andalucía, 1 cada 3 días, 4 de ellos en Almería y 13 accidentes muy graves. Entre los años 2017 a 2020 han fallecido en Andalucía 452 trabajadores y trabajadoras. Personas que fueron al trabajo a buscarse el sustento y encontraron la muerte. Que no tuvieron la oportunidad de volver a sus hogares. Familiares de los fallecidos que tampoco pudieron ver más a sus seres queridos. Noticias que siempre pasan desapercibidas en medios de comunicación y que son también una pandemia en pleno siglo XXI. El constante aumento de las muertes en el trabajo debe ser abordado de forma urgente. La escasa implicación y cultura preventiva en el tejido empresarial, los incumplimientos de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios, la organización del trabajo basada en un modelo de competitividad empresarial en el que las personas están relegadas a un segundo plano de la actividad, la no existencia de políticas adecuadas en materia preventiva y la falta de inversión en prevención en muchas empresas de Andalucía, la poca voluntad empresarial de mejoras en el lugar de trabajo, unida a la escasa sensibilización y concienciación de la seguridad y salud laboral; la precariedad en el empleo, la falta de formación e información en materia preventiva en las empresas… son algunas de las causas que nos están llevando a una cifra de accidentes laborales insostenible.

Estamos asistiendo a uno de los mayores desafíos que se nos ha planteado como sociedad. Una crisis sanitaria que ha transformado nuestra forma de vida y de la que aún nos queda mucho por aprender y trabajar para salir de ella en las mejores condiciones. Pero esta recuperación no puede plantearse sin tener en cuenta lo más básico y el mayor activo de una empresa: sus trabajadores y trabajadoras.

Desde CCOO y UGT no vamos tolerar que la salida de una nueva crisis se haga pagando el mismo peaje en las empresas: a costa de reducir costes en medidas de prevención. Situación que tiene su versión más dura en las pequeñas empresas donde no hay representación de las personas trabajadoras, por lo que es fundamental la creación de la figura del delegado y/o delegada sectorial o territorial de Prevención.

A la escandalosa cifra de siniestralidad laboral se une la falta de Inspectores de Trabajo que permitan aumentar la vigilancia de las empresas que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dejando a los trabajadores y las trabajadoras en una situación de vulnerabilidad ante los riesgos de su puesto de trabajo, sin que se adopten medidas realmente efectivas para frenar este aumento de la siniestralidad. Por este motivo desde UGT y CCOO, reclamamos el reforzamiento de la Inspección de Trabajo, dotándola de mayores recursos, así como también, el aumento de los Técnicos Habilitados de la Junta de Andalucía y la puesta en marcha por parte de ésta, de una fuerte campaña de sensibilización en todos los medios de comunicación, dirigida a la sociedad en general y en la que se plasme, de forma contundente, la realidad que existe detrás de cada accidente laboral.

CCOO y UGT reivindicamos, que en cualquier accidente laboral grave o mortal donde la actuación del empresario haya sido negligente, se depuren todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales y, en este sentido, instamos a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, que actúen con la máxima contundencia para vigilar que la prevención se aplica en todos los centros de trabajo y especialmente en la pequeña y mediana empresa, y que la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que cause daños a la salud y la vida sea sancionada, no solo en la vía administrativa, sino también en la penal, asegurando una investigación eficaz de los delitos de riesgo y daño contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras. Por tanto, UGT y CCOO queremos poner de manifiesto que la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras ha de ser una prioridad cueste lo que cueste. La sociedad debe ser consciente, ahora más que nunca, que el trabajo no puede costarnos la salud ni la vida, nunca.