Tribuna

Guillermo Díaz Vargas

Arquitecto

Bucle y laberinto

El interés público, si bien es contrario a posibles abusos de la iniciativa privada, también lo es a la paralización o al deterioro de esta última

Bucle y laberinto Bucle y laberinto

Bucle y laberinto

En su artículo El bucle urbanístico (Diario de Sevilla 02/07/17), Salvador Moreno clama en el desierto, una vez más, contra la inverosímil, grotesca e inadmisible situación de contrariedad, impotencia, inútil impedimenta burocrática, absurdas barreras administrativas, por injustificadas e injustificables, arbitrariedad e inseguridad jurídica ..., que, con ultrajantes excepciones, ha de sufrir en nuestro país toda iniciativa que pretenda obtener una licencia de obras, poner en marcha un negocio o tramitar la aprobación de un plan urbanístico.

Alude a un episodio de "delirante peloteo entre administraciones" cuya significativa extravagancia, lejos de ser excepcional, no es sino una mota de polvo (cósmico) en la galaxia de despropósitos del urbanismo actual en nuestro país, un multiverso indescriptible en las pocas palabras de que aquí dispongo.

Pero hay síntomas que permiten diagnosticar la patología del sistema sin necesidad de diseccionarlo. Así:

1) Los plazos de tramitación de planes y licencias urbanísticos son un lastre inaceptable para el normal y equilibrado desenvolvimiento de las actividades económicas. Por sí solos desacreditan y deslegitiman, por ineficiente, nuestro sistema jurídico-administrativo del urbanismo y la ordenación del territorio. Éste debe encauzar y ordenar las actividades económicas, extrayendo de ellas la cuota de beneficio social acorde con sus fines sociales, pero no obstaculizarlas ni castigarlas como contrarias al interés público.

2º) La prolongada y sostenida vigencia de este régimen y la tendencia progresivamente obstruccionista del mismo son sintomáticas de la presencia activa de un principio antiempresarial en el núcleo directivo de las administraciones urbanísticas, un principio según el cual todo negocio -y en particular, el inmobiliario- es especulativo y su obstaculización un objetivo de interés público y social.

Este principio es inaceptable: el interés público, si bien es contrario a posibles abusos de la iniciativa privada, también lo es a la paralización o al deterioro de esta última. El bien público necesita de la actividad económica y la Administración debe cuidar de que el aparato productivo funcione con el debido tributo al bienestar de la colectividad. El modo de conseguirlo no es considerar al capital privado como enemigo público ni castigar o deteriorar la actividad empresarial, sino conducirla por los cauces de economía social marcados por la Constitución. Sin actividad económica no hay bien social alguno y un sistema que la ningunea desatiende sus funciones y se instituye ineficaz e incompetente.

3) El insólito y resignado aguante del empresariado, incapaz de reaccionar contra el castigo infligido por este sistema que, en sus efectos y en su pertinacia se desacredita a sí mismo, es síntoma de

A) Su anclaje en el pasado, correlativo del de sus verdugos, a cuyo sostenimiento contribuye con el dubitativo proceder de muchos empresarios, que mantiene una parte del sector en perseverante inercia especulativa, privado de la posibilidad de planificación de iniciativas viables.

Esta connivente oposición es, en realidad curiosamente ecológica: predador y presa contribuyen a la supervivencia en equilibrio de ambas especies, con la satisfecha aquiescencia de la administración medioambiental, que es parte del biotopo. Y tiene efectos sorprendentes pero, si bien se mira, no faltos de lógica:

-Avenencia o aceptación formal del urbanismo de castigo que se les opone, legitimándolo como justa contrapartida a su asumido rol especulativo, que así a su vez se autolegítima, en su particular lucha de clases, y se autoafirma en su aplicación a la I+D+i en picaresca.

- Desestimación de toda posibilidad de oposición racional, política o jurídica a este sistema, pese a sus demostrables insuficiencias técnicas y sus recurribles características de arbitrariedad e inseguridad jurídicas, que conculcan principios constitucionales.

B) La debilidad y escasa integración de las organizaciones empresariales, su desconfianza mutua y su competencia entre ellas por el favor del poder político, que mantiene en la impotencia las posiciones críticas y favorece la reproducción del sistema aquí reprobado.

C) La atonía y la debilidad de nuestra sociedad civil, que tienen raíces profundas y no permiten vislumbrar una solución fácil ni inmediata para las cuestiones enunciadas.

Bucle y múltiple, pero también laberinto... y habitado. La imprescindible sustitución del sistema va más allá de ser un problema técnico y formal.

Pero esto tendría ya que ser asunto de otra disquisición .

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