El Rey posa con los asistentes a la Cumbre de Presidentes celebrada el martes en el Senado

El Gobierno ha logrado in extremis un acuerdo con las CC AA y según anuncia espera alcanzar consenso suficiente antes que finalice el año sobre el modelo de  financiación autonómica. La Conferencia de Presidentes de las Autonomías  ha mostrado cierta utilidad práctica, más allá de la representación institucional y el boato. La anunciada  ausencia de los impresentables habituales;l Sr. Urkullo y  Sr. Puigdemont , ha  elevado el nivel intelectual del encuentro que no han tenido que soportar la perorata de vulgaridades y mentiras propias  del  total desconocimiento de la representatividad política en una democracia europea. Claro, ellos no españoles, por tanto ni europeos, son  singularmente vasco y catalán lo que les reduce en perspectivas vitales  al aldeanismo del siglo XIX.

La presencia de Mariano Rajoy presidiendo esta Conferencia con otros quince presidentes autonómicos  va  encaminada hacia la normalización de las cuestiones que afectan a la  compleja configuración territorial de nuestro Estado. La experiencia dilatada en estos 38 años muestra que la descentralización aún no ha logrado establecer la deseada armonía entre las diferentes regiones de España cuyas discordancias  suponen ya , en el caso de Cataluña, una grave problema cuyas posibles soluciones es muy probable no satisfarán las garantías constitucionales sobre la integridad territorial de España.

El análisis de las aportaciones de aquellos que cumplieron con su deber institucional y estuvieron presentes en esa Conferencia, deja en positivo once resoluciones y  lo más importante, un plan para alcanzar este mismo año un nuevo sistema de financiación donde se tenga en cuenta el gasto sanitario en el reparto de fondos. El ambiente de colaboración y respeto superó a  los recurrentes agravios comparativos con alguna notable excepción a cargo de la Presidenta de Andalucía. Dª Susana Díaz aprovechó esta ocasión para reprochar a la Presidenta de la CC AA de Madrid sobre la política fiscal y recaudatoria en relación a la que ella practica en Andalucía. Más concretamente señaló la abismal diferencia entre los impuestos por el patrimonio y asimismo por sucesiones y donaciones. En el límite de su alocución llegó a calificar a Madrid como un paraíso fiscal en detrimento de otras CC AA que imponen elevados impuestos a sus ciudadanos. Se llegó incluso a reclamar una armonización fiscal y tributaria a nivel nacional.

La Presidenta de Andalucía no tuvo en cuenta un detalle elemental , la descentralización tan deseada, tan reclamada y tan lograda, justamente sirve para que cada Autonomía pueda  desarrollar su propia política, sus leyes y normas, aprobadas en los respectivos Parlamentos autonómicos en varias materias sensibles, no solo en la referida a impuestos. Y justamente por ello y por otras razones que inciden en las diferentes políticas  en relación a la economía,  el comercio,  la educación,  la sanidad y en  todo lo que supone el desarrollo, la prosperidad y la riqueza, las distintas regiones de España presentan  índices y cifras  con  resultados de abismales diferencias.

Todo ello repercute de manera directa en la calidad de vida de los ciudadanos y sus  posibilidades reales  en el desarrollo personal y vital. Para decirlo claro, pocos ignoran las grandes diferencias  en la calidad de vida de un navarro, un madrileño , un riojano  o un valenciano, comparadas con los extremeños, castellano manchegos y andaluces. Soy andaluz, y lamento profundamente conocer  muchos detalles de  estas diferencias. Todo lo anterior indica que no es cierto que un elevado coeficiente en impuestos y tributos estatales, autonómicos y municipales, sea garantía de mejor nivel económico y calidad de vida. De ser así, Andalucía, una Autonomía que está en el más elevado escalón de la tabla impositiva , habría de ser la región más desarrollada y próspera de España, y donde mejores servicios públicos recibieran los ciudadanos. Resulta evidente que no es así.

Pero así es la política cuando se practica con cierto desorden respecto a una idea vertebradora que necesariamente ha de tener su eje fundamental en el Estado. Y ocurre ahora que el Estado advierte a las CC AA que necesariamente se ha de reducir el techo de gasto por la elemental  razón que se recauda menos. Las partidas sociales, pensiones, sanidad y educación, superan el 70% del gasto público. En España  hay 14 millones de ciudadanos que reciben con puntualidad prestación pública. Asimismo más de tres millones de funcionarios a los que añadir decenas de miles de empleados que sin estar integrados en la función pública cobran de las CC AA en miles de empresas y agencia públicas. Resulta sencillo entender que las cuentas no pueden cuadrar El Presidente del Gobierno ha puntualizado que el Estado recauda 20.000 millones de euros menos que en 2007, sin embargo el incremento del gasto de  pensiones asciende a  40.000 millones más que en 2007. Son datos que obligan a exigir la debida responsabilidad  de parte de las Administraciones autonómicas, aplicar el debido rigor en el gasto público y alejarse de la perniciosa cantinela que el Estado vendrá a sufragar los gastos improcedentes, despilfarros incluso, cuando debemos atenernos a una políticas necesariamente restrictivas.

Lo fundamental para todas las Administraciones será mantener el estado social de bienestar y aquí no podrán aplicarse recortes presupuestarios. Sin embargo, en tantos y tantos otros capítulos habremos de ajustarnos a la cruda realidad. Somos un país que ha empobrecido a consecuencia de  la crisis. Los ciudadanos de a pie están sufriendo durante estos últimos años una situación al límite. Es necesario y urgente la ejemplar actitud e de los Presidentes autonómicos en franca solidaridad con millones de españoles. Urge el concierto autonómico, urge un nuevo sistema de financiación autonómica. Y urge sobre todo, que se haga patente la vocación de servicio como ineludible  sello de calidad de la  política española.