Después de cuarenta y dos años de democracia son mayoría los políticos españoles dirigentes de las múltiples izquierdas extremas esforzados en derribar el llamado "régimen del 78". En esta tarea destructiva, la ayuda de partidos separatistas y filo terroristas forma parte de un guion que se hace evidente cada día con mayor grado de arrogancia y determinación.

Sin haber digerido aún la declaración de parte de Arnaldo Otegui, afirmando muy ufano que BILDU apoyará al Presidente del Gobierno durante seis años mas a cambio de la liberación de 200 presos de ETA que cumplen sentencias por horrendos crímenes, se hace difícil admitir que este no es el límite de las atrocidades contra la Constitución y el Estado de Derecho. El mercadillo de votos para aprobar los PGE, son ya un escarnio para cualquier demócrata que conserve la mente sana y la dignidad intacta. La mayor garantía de Arnaldo Otegui que este canje de presos asesinos por votos va a prosperar es el rotundo no de Pedro Sánchez en sede parlamentaria. Está acreditado en las hemerotecas y en la memoria de los españoles que "un no es no" repetido mil veces por Pedro Sánchez sabe todo el mundo que es un "si garantizado" a cambio de permanecer en el poder.

La degradación institucional no encuentra muro de contención. La ofensiva desde el propio Gobierno y desde el Parlamento para desacreditar a los Órganos e Instituciones del Estado cobra carácter de emergencia democrática. Ningún Estado del mundo, menos aún en las democracias parlamentarias ofrece un espectáculo tan degradante como España. Y ello porque Ministros del Gobierno de coalición y la Presidenta del Parlamento se burlan de una de las reglas elementales de un sistema democráticos; la separación e independencia de los poderes del Estado y la prevalencia de la Ley sobre cualquiera de ellos. La ley es la referencia de los ciudadanos libres e iguales. Por ello cualquier afrenta a la Ley representada por los Tribunales de Justicia es una afrenta a la democracia y la libertad.

Meritxell Batet escribe en su curriculum ser Licenciada en Derecho y Profesora de Derecho Constitucional. De ser cierto esto, sería un agravante en su burda maniobra para ayudar al diputado comunista que pateó un policía en el incumplimiento de su condena de inhabilitación por el Tribunal Supremo. En vez de asumir la sentencia y dar cumplimiento de la misma en sus términos exactos, la" Profesora de Ciencias de la Hipocresía", Mertixell Batet, pasó la pelota a la Mesa del Congreso, con mayoría PSOE y Unidas Podemos que como cabría esperar entendió que el diputado delincuente podría continuar en su escaño. La reacción de Alto Tribual llegó con un escrito de contundencia inapelable firmado por el magistrado Manuel Marchena. En este escrito le conminaba a Batet que de inmediato comunicara al Tribual la fecha de inicio del expediente de expulsión del diputado condenado. Pero la "Profesora en Artes de la Simulación" eludió una respuesta y continuó el juego trasladando una pregunta "sobre el alcance de la sentencia" a la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo que preside Marchena. Al día siguiente, otro escrito firmado por el mismo magistrado ponía en el borde de una querella penal a Meritxell Batet por cuanto se volvía a insistir en el carácter firme de la sentencia condenatoria y se aclaraba a la Presidenta del Congreso que las sentencia del T.S. no se someten a otra interpretación que lo dictado por el Tribunal. Y una advertencia añadida, que los Magistrados del Supremo no son asesores de ninguna otra institución u órgano del Estado.

La contundencia del Supremo ante su actitud entre la rebeldía y la prevaricación auguraban a Batet un porvenir lleno de inseguridades y la posibilidad de ser condenada y perder así su condición de diputada y por ello la Presidencia del Congreso. Y entonces alertó la parte más primitiva de un cerebro atormentado; salvar el pellejo. Conclusión inmediata; diputado pateador, a su casa. Antes de tan "valiente" decisión y cumplir con su responsabilidad y con la Ley, el PP y Vox anunciaron respectivas querellas por prevaricación contra Meritxell Batet. Pero surge ahora otro frente de parte de Unidas Podemos que ya anuncia su querella por el mismo presunto delito al dar de baja en el Congreso al diputado comunista experto en patear policías.

No se conoce mayor descaro de intereses políticos cruzados tratando de eludir una sentencia condenatoria de un político de extrema izquierda. Comentando esto mismo en una emisora de radio llamaron en directo varios oyentes y preguntaron; ¿Hubiera arriesgado tanto Meritxell Batet de haber sido el caso de un diputado del PP o de Vox? ¿Qué dice sobre este escándalo el PSOE, partido mayoritario en el Gobierno? Este partido se escurre por los desagües del descrédito cuando calla ante este ataque frontal al Tribunal Supremo. Ni una palabra de la Ministra de Justicia, ni de ningún otro Ministro en defensa de la dignidad y prestigio de una alta institución del Estado. ¿Por qué callan la ex magistrada del Supremo y ahora Ministra Margarita Robles? Y el también Magistrado y Ministro Fernando Grande Marlasca? Sus silencios resultan tan sonoros y espesos que les hace cómplices de la erosión al Órgano representativo de la Justicia en España. Ellos sabrán porque se prestan a su desprestigio profesional y personal.

La sección comunista del Gobierno ha cerrado filas envalentonados ante la sumisión de Pedro Sánchez quien continúa eludiendo su autoridad en el Gobierno con la energía que el caso requiere. En lugar de proclamar una defensa firme de la más alta representación de la Justicia, está permitiendo los ataques frontales al Tribunal Supremo de parte de sus socios de gobierno Unidas Podemos y lo que es aún peor, de una Ministra de su Gobierno que califica a los Magistrados del Supremo de prevaricadores y anuncia una querella contra los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal por presunta prevaricación. Y esto lo firma una agitadora de extrema izquierda comunista cuya utilidad pública consiste en utilizar recursos del Estado para derrumbar el propio Estado deslegitimando las Instituciones que le dan soporte. Esto solo ocurre en España. Cualquier Ministro de Somalia estaría ruborizado ante semejante espectáculo que refleja el peor escenario posible en un Estado que se respete a si mismo.

No hay pausa, desde el anunciado canje de presos autores de asesinatos atroces a cambio de votos, al diputado atrincherado en su escaño retando al Alto Tribunal, la Presidenta del Congreso actuando de maquilladora de delitos probados, una Ministra que insulta la dignidad de los magistrados del Alto Tribunal…etc. ¿Qué mas puede ocurrir en España? No hay argumentos razonables para depositar la confianza en políticos alzados en la peor de las batallas contra el Estado de Derecho y contra la Democracia. Dónde no se respeta la Ley, ni siquiera por quienes gobiernan, el totalitarismo avanza. Ya ha ocurrido antes en similares circunstancias, y puede ocurrir también ahora.