Ejército y Monarquía

De las enmiendas al articulado (para su adición) presentadas al proyecto de Ley de Memoria Democrática, por su relación en tiempo con la celebración este año del centenario de la mayor derrota sufrida por nuestro Ejército en el Siglo XX, la de Annual (1921) en el marco de la Guerra del Rif, desde mi punto de vista es de destacar la que hace referencia a una nueva disposición adicional, con el siguiente contenido: «Disposición adicional novena. Reconocimiento de responsabilidades del Estado español y reparación de daños consecuencia del uso de armamento químico en el Rif", en las acciones militares llevadas a cabo por nuestro Ejército en contra de la población civil de esta Región del norte de Marruecos por orden de su máxima autoridad, el Rey Alfonso XIII, durante los años 1922-1927.

Me resulta paradójico que durante este año 2021, sólo haya sido en el ámbito militar donde se ha recordado y rendido homenaje a los miles de nuestros Soldados que fueron torturados y masacrados por los insurgentes de la efímera República del Rif, en aras a lo política y diplomáticamente correcto, y que por otro lado otros pretendan que nos declaremos culpables del uso y consecuencias de unas armas químicas en una guerra sin cuartel, cuando estas armas no estaban prohibidas en el derecho de la guerra en el momento de su empleo.

El uso de las armas químicas en el campo de batalla no es una cuestión reciente, pero será al término de la Primera Guerra Mundial cuando se llegue a la firma del Protocolo de Ginebra de 1925 por el que se prohíbe su empleo, que entró en vigor el 8 de febrero de 1928 y quedó registrado en la Serie de Tratados de la Liga de las Naciones Unidas el 7 de septiembre de 1929. No sería hasta 1993, con la Convención de París, cuando también se proscribió la fabricación y almacenamiento de este tipo de armamento.

Por tanto, la guerra del Rif se produjo en un momento en el que el proceso general de codificación de la ley humanitaria internacional en lo que se refiere a los usos y costumbres de la guerra y la asistencia a sus víctimas, no estaba perfilado aún. Un proceso iniciado a mediados del siglo XIX, con dos desarrollos legislativos paralelos: lo que se ha dado en llamar la "ley de la Haya", que se refiere a la conducción de la guerra, y la "ley de Ginebra", que trata del auxilio a sus víctimas. El Protocolo de Ginebra sobre la prohibición del empleo de armas químicas entró en vigor ya finalizada la guerra del Rif. Afirmar ahora que cometimos crímenes contra la Humanidad con el empleo de este tipo de armas en esa guerra, no tendría encaje en el derecho internacional de la época.

Pero no sólo fue nuestro Ejército el que empleó armas químicas después de la Primera Guerra Mundial. También los británicos las utilizaron en Irak en 1919 y en la frontera noroccidental de la India a principios de los años veinte, y los franceses en su zona de influencia en la misma guerra del Rif.

Y su utilización por nuestro Ejército no es un asunto desconocido, que se haya querido ocultar para evadir responsabilidades, ya que la mayoría de los militares que intervinieron en esta guerra tuvieron conocimiento del empleo de gases tóxicos o participaron en acciones en las que éstos fueron utilizados, y también la sociedad civil tuvo conocimiento de su empleo a través sobre todo de los soldados de reemplazo, muchos de cuales sufrieron ellos mismos los efectos mortíferos de los gases.

No dudo que fueran muchas las víctimas causadas por nuestros bombardeos con gases tóxicos, con unos efectos inmediatos conocidos, pero muy difícil establecer cuáles serían los posibles efectos a largo plazo, ya que para ello se necesitaría un seguimiento de las personas afectadas. Por lo que resultaría muy aventurado afirmar que el número de casos de cáncer registrados hoy día en el Rif, muy superior al de otras regiones de Marruecos, sea debido a los efectos a largo plazo de los gases en la población y en los descendientes de las personas que, en su momento, resultaron afectadas por nuestros bombardeos. En un tema tan grave como éste, es preciso evitar las especulaciones sensacionalistas y aportar pruebas científicas.

Declararnos culpables y querer reparar los daños causados en una guerra de hace un siglo contra fuerzas insurgentes por el empleo de un tipo de armas entonces permitidas, me parece fuera de lugar y sólo consecuencia del afán de denigrar a dos instituciones del Estado (Ejército y Monarquía).