Llamemos a las cosas por su nombre

Resultó triste, cuando no patético, el desesperado intento de la Vicepresidenta del Gobierno,Carmen Calvo, al pretender justificar, en su comparecencia de prensa por segunda vez en un solo día, la última, por ahora, cesión del Presidente Pedro Sánchez ante las exigencias planteadas por los separatistas.Y el tratar de hacer creer a los españoles que el Gobierno no ha cedido ante el ultimatum de los secesionistas para conseguir la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que le permitan seguir "ocupando" el palacio de la Moncloa durante los meses que le quedan al 2019.

Por fin se ha publicitado,negro sobre blanco, el contenido de las 21 exigencias planteadas por Torra, indudablemente redactado al dictado de Puigdemont y Oriol Junqueras, que le fue entregado a Sánchez en la reunión previa al Consejo de Ministros celebrada en Barcelona.

Examinemos cuáles son, sin matices ni enmascaramientos, las principales exigencias a las que, poco a poco, Sánchez se ha ido plegando a los deseos de los independentistas. La primera de ellas es la equiparación plena de los gobiernos, español y catalán, que bajo la apariencia de un "diálogo entre iguales", lo que pretende es imponer las tesis y el lenguaje del separatismo, haciendo caso omiso de que, en el más favorable supuesto, el Gobierno de Cataluña, solo es respaldado por el sentir del 48% máximo de los ciudadanos de Cataluña,pretendiendo que se olvide de que esa minoría no puede decidir por sí sola el destino de todos los españoles en una cuestión tan fundamental como es el derribo de la estructura total territorial del Estado Español.

La segunda es pretender que el Poder Ejecutivo, en un Estado Democrático y de Derecho, influya y propicie sobre la actuación del Poder Judicial, presionando a la Fiscalía General del Estado, para que modifique la calificación de los sucesos alrededor del primero de Octubre del 2017 y la anterior votación y aprobación por medio Parlamento Catalán de las llamadas leyes de desconexión de Cataluña con el resto del Estado para que queden impunes; pretensión que Sánchez no logró, de momento, con la Fiscalía, pero sí con la Abogacía General del Estado a costa del cese del abogado prsonado en la causa.

La tercera hace referencia a la exigencia referente a los políticos presos por su actuación personal en el denominado Procés que, conseguido su traslado a las "cómodas cárceles catalanas", bajo administración de la propia Generalidad, este derivó en la concesión de múltiples beneficios que aliviaron su estancia en prisión provisional, permitiéndoles un especial regimen de visitas, muy superior al conjunto de los ,tales como el uso de ordenadores y facilidades extraordinarias de comunicación, impensables para el resto de la población reclusa. Y la esperanza de que sea cual sea el contenido final de la sentencia el Ejecutivo tendrá la posibilidad de ejercer el indulto.

La cuarta, la imposición de un mediador internacional, preferentemente, que supervisase los acuerdos entre gobiernos para la celebración del Referendum de Autodeterminación, previo a la independencia de Cataluña.

Llámese como se llame, si un líquido blanco, procedente de la vaca y comercializado en botella,no puede ser otra cosa que no sea leche. El pretendido "relator" en palabras de la vicepresidenta solo significa que la comisión de partidos creada en Cataluña, aunque solo represente a la mitad de los catalanes; pues no están en ella, ni la CUP,ni Cs,ni PP, no solo necesitan a alguien que ponga orden en su funcionamiento o transcriba las actas de las reuniones, sino que supone una desconfianza mutua entre los proponentes del "negocio" que utilizando esa figura propia de situaciones de conflicto entre dos países soberanos, ya que es figura aceptada por Naciones Unidas, como brillantemente resaltó el propio Alfonso Guerra, abre paso, como ocurre en el conflicto de la guerra del Yemen o de Bulkina Fasso, o a la intervención de los organismos internacionales, fin último que pretende el independentismo. En definitiva, y para poner fin a esta tribuna, podemos resumir que, frente al interesado optimismo y el afán de disimulo practicado por el Gobierno, ha sido inalterable en su posición ante el soberanismo desatado, del que reiteradamente ha hecho gala dicho soberanismo, especialmente desde el último trimestre de 2o18.

Por cierto, curiosamente, desde entonces, no se habla de la situació ni de los negocios del expresidente, Jordi Pujol... y los ciudadanos se preguntan:¿Por qué será? Una respuesta muy fácil de intuir.