Medioambiente, ¿los últimos de la clase?

El 5 de junio, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo que resulta oportuno recordar el pobre, hasta bochornoso, desempeño de nuestro país cuando la Comisión Europea verifica anualmente el grado de cumplimiento de los Estados miembros respecto de la normativa ambiental europea. Año tras año ocupamos plaza en el podio de los incumplidores, una tendencia que de no adoptar medidas inmediatas amenaza con prolongarse. El criterio medallista está concretado en el numero de casos abiertos a final de año en el marco del Recurso por Incumplimiento, incluyendo tanto la fase pre-contenciosa como la que se desenvuelve ante el Tribunal de Justicia. La tabla siguiente indica los países más incumplidores de la normativa europea en el período 2010-2017. Las causas de tan dudoso honor hay que buscarlas no sólo en la baja prioridad política que ocupan los objetivos ambientales en nuestro país -y la correlativa sensibilidad en la población que tales prioridades manifiestan- sino también, y fundamentalmente, en el sistema de gobernanza, caracterizado, por razones históricas, en la unilateralidad de la decisión. En nuestro modelo de gestión política y administrativa se detectan aun ecos del modelo napoleónico piramidal y jerárquico, sin que sea reconocible, en ningún nivel de gobierno, la pluridad de actores multinivel y multisector que ha de caracterizar la gestión pública en el siglo XXI -y en la que tantas veces nos insiste la Unión Europea-. Entre nosotros, lo determinante no es el consenso que se requiere para que una medida o acción política sea eficaz tras su aplicación, sino quien ejecuta la acción y dispone del presupuesto asociado a la misma, normalmente de forma unilateral. Almería ha contribuido también a estos resultados, con incumplimientos declarados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el pasado en relación con Directivas específicas: así, la de Residuos en relación con los vertederos incontrolados (Asuntos C-454/14 y C-363/05), la de aguas, en relación con depuración de aguas residuales urbanas, o con la no prevención de la contaminación de aguas subterráneas por nitratos de origen agrícola (Asunto C-416/02).

Lo más preocupante no es encarar y revertir este tipo de gestión manifiestamente ineficiente y descordinada que se ha instalado como práctica administrativa habitual; es que, además, a la vuelta de la esquina aparecen cronogramas de obligaciones europeas que es fácil adivinar que vamos a incumplir, asociadas a los retos de las Estrategias de Transición Energética y lucha contra el cambio climático. Estas estrategias, lejos ser declaraciones programáticas carentes de contenido, derivan en obligaciones muy específicas: calendarios transparentes de solicitudes para la construcción de instalaciones de generación de energía renovable, exigible desde 2010 e identificación de emplazamiento geográficos adecuados para la explotación de energía renovables en la planificación del territorio, exigible desde 2011, ambas impuestas por la Directiva de Renovables de 2009; renovación del parque de edificios públicos con calefaccion y/o sistema de refrigeración a un rito del 3% anual para aproximarse progresivamente a los estandares energéticos, exigible desde 2014, y evaluación de los sistemas urbanos a efectos de incorporar, entre otras dotaciones, sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, exigible desde 2015, ambas impustas por la Directiva de Eficiencia Energética); desde el 31 de diciembre de 2018 los nuevos edificios públicos han de ajustarse a los estándares de edificios de consumo casi nulo, Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, mientras que en el sector privado se postpone esta obligación a 2020; y un largo etcétera.

No se trata sólo de dejar de ser el último de la clase: las Estrategias de Sostenibilidad Europeas, y en particular la Transición Energética 2050 constituyen retos y oportunidades. De lo que se trata, en el fondo, es de encarar la renovación de las infraestructuras de suministro energético en Europa, que ya cumplen un siglo y entran ya en un nuevo ciclo inversor. Haciendo de la necesidad virtud, la UE ha querido participar y conducir lo que ha reconvertido como una renovación profunda de la sociedad: ya no es sólo descarbonización, es el protagoismo del ciudadano -consumidor que produce su propia energía y vende el sobrante en la red-, es la creación de empleos de alta cualificación, es la gestión inteligente de millones de pequeñas redes interconectadas... etc. etc. En paralelo, la concienciación ciudadana por su propia supervivencia es cada vez mayor, y cada vez reclama en el mercado productos más responsables ambientalmente, lo que incluye una amplísima gama de medidas que van desde la presentación e información, los fertilizantes que se utilizan en un cultivo o el tipo de metales que retiene cada especie piscícola. Dejar pasar este impulso modernizador, y su respaldo financiero en el marco de los fondos europeos que lo respaldan, como nos viene ocurriendo, es una irresponsabilidad que los ciudadanos de este páis que apoyamos el progreso social, democrático y plural no deberíamos permitir.