Neutralidad de la milicia, parcialidad de la política

La Con la entrada en política de oficiales generales de la Fuerzas Armadas se abrió un debate que estuvo ausente cuando lo hicieron otros militares de menor graduación. Creo que la ausencia de crítica entonces y la existencia hoy, además de los galones, tienen que ver con una cuestión de neutralidad o de parcialidad en el tratamiento de los acontecimientos.

La neutralidad política de la milicia es condición sine qua non en democracia. Los militares españoles asumimos esa norma en 1977, antes de la aprobación de la Constitución, lo que fue un acierto más de lo que ahora algunos cuestionan: la Transición. Lo fue porque despejó dudas en la milicia y en el mundo político, liberó a España de un previsible frente de conflicto en el servicio público y concedió a las Fuerzas Armadas estatus de institución neutral lo que facilitó la profesionalización y la libertad de elección de quienes optaban a la carrera de las armas.

El Real Decreto del 1977 establecía un camino sin retorno para los militares que quisieran ejercer la acción política: el retiro de las Fuerzas Armadas. Esta medida, que pudo y debió aplicarse también a jueces y policías, sirvió para cohesionar a la milicia en torno a principios más tarde reflejados en la Constitución del 78 porque, salvo profetas o inmovilistas, la práctica totalidad de los militares fuimos neutrales políticamente desde esa fecha.

La neutralidad de las naciones, como la de las personas, se traduce en la capacidad de decidir de manera soberana. En términos reales, una nación es neutral cuando tiene voluntad política, fuerza militar y recursos para sostener su independencia. Para las personas, la neutralidad tiene que ver con la capacidad de asumir de forma voluntaria y personal un código ético de vida que en el caso de los militares está en las Ordenanzas y el Código de Justicia Militar. La neutralidad es una fortaleza para el militar.

La duda hoy es si la neutralidad del militar debe ser vitalicia o se extingue al pasar al retiro. La respuesta está en distinguir entre la ética con la que el militar vive toda su vida y la situación administrativa después del retiro. Todo militar desea que se le reconozca como tal más allá del retiro, porque con ello acredita valores y servicios demostrados a lo largo de su servicio en activo. Esto sucede aquí y en todas partes del mundo. Ser militar es ser un servidor público hasta el extremo de estar dispuesto a dar la vida por la sociedad en la que vive. Nadie, salvo acomplejados o despedidos sin honores a decir de los sajones, excluye su condición de antiguo militar del currículum personal.

Con el retiro, la ley devuelve al militar una de las voluntarias limitaciones que se auto-impuso al ingreso en la milicia: la neutralidad política. Así pues, de nada hay que asombrarse cuando un oficial general quiera seguir en el servicio público activo, esta vez sin necesidad de dar la vida, para aportar la experiencia de haberlo ejercido en puestos de decisión durante décadas. Por el contrario sorprende que se acepte sin más a quienes en la misma situación administrativa de de retirados, fueron militares con menor experiencia y ya políticos en ejercicio.

Otra paradoja es reconocer a la Institución Militar como una de las mejor valoradas y cuestionar a quienes las dirigieron. Aunque la Política y la Milicia tienen mucho de subordinación de la una con la otra, por aquello del control civil de lo militar en democracia, da la impresión de que se quiere llevar esta subordinación más allá de lo que marca la ley, lo que es inaceptable. Con esta exclusión de la vida política, parece que se quiere subordinar social y políticamente a la persona del militar, una subordinación de corte totalitario, el comisariato político en países comunistas, tan alejados de la democracia.

Dicho todo esto, como toda norma tiene su excepción, la mía es dar un tratamiento diferenciado a quienes fueron Jefe de Estado Mayor porque ellos, al haber sido la cabeza profesional en una de las institucionales contempladas en el Título Preliminar de la Constitución, son de por vida una referencia ética para el militar, pasan a ser eméritos no solamente ex jefes de estado mayor, y dejan de serlo al abandonar la neutralidad militar por la parcialidad política con el consecuente perjuicio para todos, incluidos ellos.