Nuevo contrato social

Hay suficientes indicios para afirmar que la etapa que comenzó con la aprobación de la Ley para la reforma Política y posteriormente la Constitución de 1.978, está políticamente agotada. Los españoles hemos disfrutado, con luces y sombras, de un progreso inaudito, y de una convivencia como pocas veces describe la historia. Pero la sociedad española ha cambiado de tal modo que resultan irreconocibles los elementos que hicieron posible la transición. He de lamentar que ,como excepcional protagonista activo de aquella etapa inicial de la transición, ahora puedo escribir con melancolía sobre la decadencia generalizada de la sociedad y la clase política española, actores imprescindibles de todo proceso político y social realmente democrático. Ha decaído la calidad humana en valores, en ideales, en solidaridad y patriotismo y en consecuencia la clase política , reflejo fiel de esa sociedad, se encuentra en niveles mínimos de exigencias elementales. Preparación, capacidad, honestidad, coherencia, patriotismo y valor son cualidades casi inexistentes en la inmensa mayoría de políticos electos y altos cargos. Y hasta aquí hemos llegado con unos gobernantes titubeantes en la función de gobernar, indecisos en la obligación primera de hacer cumplir la Ley con las consecuencias que tan alta responsabilidad exige. Y con una oposición dividida en la esencial idea de España como Nación y como Estado. No hay precedente similar en toda la Europa democrática y en ningún otro país desarrollado del mundo. No hay en la actualidad elementos en la política española capaces de rehacer un proyecto para España y para los españoles en su conjunto. Por todo esto, resulta evidente que se trataría de proponer mediante un gran Pacto de Estado, un nuevo contrato social. Un contrato que respetara las claves del éxito de estos cuarenta años y fuera capaz de incorporar mediante acuerdos básicos entre los grandes partidos todos los elementos que la modernidad pone de relieve y que son una realidad en otros países democráticos. La juventud de ahora mismo no se parece en absoluto a aquella otra que con esperanza salió a la calle a participar en las primeras elecciones libres y a votar la Constitución. Esta juventud exige a la clase política nuevos retos que perfilan el futuro pero que son presente vivo en las redes sociales y la vida cotidiana. Habremos de decir que la clase política actual y esta juventud no tienen apenas hilos de conexión mas allá de los activistas de extrema izquierda y anti sistema que siguiendo la tradición siguen el agit- prop de los años sesenta del pasado siglo. Hay momentos en la historia en los que un país debe hacer una pausa y reflexionar sobre su futuro. Esos momentos suelen coincidir con periodos de crisis y declive y en ellos se pone a prueba la capacidad de esa nación para reconsiderar decisiones pasadas y afrontar la necesaria renovación de ideas y de generaciones dando paso a lo nuevo. España está viviendo uno de esos momentos. Está saliendo, no sin pagar peaje, de las más grave crisis económica y política desde el inicio de la transición democrática. En aquella ocasión supo construir un contrato social y político que ha dado extraordinarios frutos pero que ha sufrido un deterioro notable a causa de la crisis , la corrupción generalizada y de la irrupción de los extremismos nacionalistas radicales y de izquierda anti sistema. Se trata ahora de renovar ese contrato para abrir una nueva etapa de progreso y estabilidad política. Determinados factores son favorables, pero otros elementos muestran un perfil inquietante. La asignación de recursos no se está llevando a cabo de la mejor manera posible. El desgaste por excesos del sistema de las Autonomías requiere un nuevo replanteamiento de las competencias propias de un Estado moderno descentralizado. Y el marco institucional y el sistema de político han sufrido un serio desgaste de credibilidad a causa de la corrupción institucional, del comportamiento de los propios partidos políticos actuando de manera sectaria alejada del bien común y sin un sentido amplio de Estado que fuera capaz de devolver la confianza perdida. El flagrante desafío de los políticos secesionistas en Cataluña y la clara confrontación con la Constitución española y el Estado de Derecho es una situación muy difícil de soportar para una gran mayoría de españoles que temen por algo tan elemental como la convivencia, la integridad territorial de España y el futuro de los catalanes/españoles que viven y sufren en Cataluña. Es imposible explicar fuera de España que el Estado de Derecho y la Ley han desaparecido en una región de Europa. No se trata de falsos alarmismos, se trata de reconocer la realidad, analizar los problemas y tratar de darles la solución más razonable. La democracia española se está viendo rebasada por la desobediencia a las leyes, por la insumisión al orden constitucional y por la rebeldía. Y los españoles podemos, debemos exigir a quien corresponda las responsabilidades por tan graves sucesos. Nuestra democracia necesita abrir una nueva etapa fundamentada sólidamente en un contrato entre la sociedad y la clase política. Después del 1 de octubre, al margen del mal llamado referendum , al margen de su imaginario resultado, al margen de los lastres y perjuicios que ahora mismo fluctúan negativamente, es urgente e imprescindible incorporar las aspiraciones de miles de catalanes en ese nuevo contrato que obligue a todos, sin excepción, a unas relaciones proporcionadas y solidarias con el resto de las regiones españolas y ello con la inexcusable obligación de reconocer que Cataluña, y todas las demás regiones son España misma . Siglos de convivencia lo afirman y los mejores momentos de nuestra historia común lo realzan. Tal vez, los actuales actores de una y otra parte, por sus excesos, abstenciones o simple desgaste, no serían los más idóneos para formular ese nuevo contrato social , diseñar y transitar la nueva etapa que nos tocará vivir en un futuro inmediato.