Pensiones, el Guadiana de cada año

Periodicamente, durante los dos últimos años, viene apareciendo un tema que, quieras o no, ocasiona a la mayoría de los actuales pensionistas y a todos aquellos que ven cercana su edad de jubilación, cierta preocupación. Entienden que el futuro de sus prestaciones pende de un hilo. Concretamente, cada seis meses, surge la inquietud de cuál será el futuro de las pensiones públicas en España, un tema ciertamente preocupante que a los políticos, especialmente a los de izquierdas, -que reiteradamente lo lanzan al ruedo de la lucha política siendo conscientes de que es un asunto controvertido y que las derechas no han sabido o querido plantear a fondo-, lo que en mi criterio sería la necesaria reforma de financiación del Sistema de la Seguridad Social.

En una de mis tribunas, allá por el mes de diciembre del pasado año que titulaba "hablemos de pensiones", ya traté superficialmente el asunto de las prestaciones públicas, pretendiendo introducir ciertaclaridad entre aquellos que se sienten afectados por el problema.

Para el pago de la extra de verano, al Gobierno no se le ha ocurrido mejor solución que otorgar un préstamo de 10.000 millones de euros, inyectados a la Seguridad Social y así salvar de la ruina total al fondo de reserva, utilizando solamente una parte de dicho resto. En los últimos seis meses, aparte de ir aumentando la exigencia de un paulatino incremento de los meses de cotización necesarios para tener derecho a una pensión contributiva, en este caso de jubilación, y un teórico recorte a las jubilaciones anticipadas, ciertamente poco efectivas en la realidad, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Gobierno, en este tema, no ha hecho practicamente nada.

Han caído en saco roto las consideraciones relativas al incremento del número de pensionistas, que podemos cifrar cercanos al millón desde el comienzo de la crisis, la reducción del montante total de cotizaciones sufridos por los efectos de la misma y la de las masas salariales sujetas a cotización, también como consecuenca de la disminución de actividad económica habida hasta hace dos años, así como el no haber hecho frente, de forma inmediata, con medidas efectivas de aplicación más o menos rápida.

Sentado el principio de la reforma del sistema de financiación de la Seguridad Social y la necesidad de proteger nuestro Estado de Bienestar del que forman parte importantísima las pensiones de nuestros presentes y futuros beneficiarios, ya en aquella lejana tribuna del pasado diciembre, me atreví a exponer a la opinión pública dos medidas que considero necesarias y que tuvieran reflejo en el futuro presupuesto general del Estado para 2018.

Primero, la retirada de las pensiones no contributivas del Sistema de la Seguridad Social, eliminándolas del presupuesto propio de este organismo, incorporando su importe a los Presupuestos Generales del Estado, dentro de los capítulos correspondientes a los Ministerios de Igualdad o Asuntos Sociales, consierando que estas pensiones no contributivas las perciben aquellos españoles que, porque no han podido o no han querido alcanzar los topes mínimos, años de cotización, necesarios para tener derecho a percibirlas.

¿Qué justifica el que el presupuesto de la Seguridad Social deba atender a aquellos que no han cotizado el mínimo suficiente?. Se me responderá que por simple solidaridad. Pero ¿es que acaso los impuestos de los que se nutren los presupuestos del Estado no son también parte de esa solidaridad? Así que, a mi entender, da igual que se pague con cargo a uno u otro fondo presupuestario.

La segunda medida, la más inmediata, como ya esbocé en su momento, es "la creación de un tipo de superlujo de IVA" que con destino finalista nutriera las arcas de la Seguridad Social. Este IVA de superlujo, que podría situarse en un 23%, en lugar del 21% que grava actualmente los productos de lujo, aparte de no exceder el existente en gran parte de la UE, sería la expresión favorita de la izquierda, "que pague el que más tenga", pues no es ni tan siquiera justo que pague el mismo tipo impositivo quien compra un piso de 70 metros cuadrados en la Colonia de los Angeles, que aquel que compra un chalet de 500.000 euros en Aguadulce, o un Seat Ibiza, que un Mercedes o un Jaguar.

Entiendo que nuestros políticos han de dejar de plantear o crear dificultades en nuestra sociedad, que tienen un interés muy limitado y ocuparse urgentemente del problema de las pensiones que, efectivamente, de forma extraordinaria preocupan en gran manera a los españoles.