Seguridad Nacional

Esto de quedarse encerado en nuestras fronteras hace estragos en todo. Se tiene la sensación de que el universo, como en el medievo, se circunscribe a las murallas del feudo donde se vive. Tanto es así que se confunden hasta los más elementales conceptos. La falta de movilidad física, o lo que es peor, el sedentarismo forzado por unos y asumido con tanta normalidad por otros, hace que hasta se pongan límites a la razón. Un ejemplo de ello es el tratamiento que se quiere dar a la Seguridad Nacional en esa no-ley que, a modo de sonda espacial por el cosmos virtual, circula ya por los medios de comunicación.

Hay que reconocer que definir el concepto de Seguridad Nacional es tarea complicada, como suele pasar con las cosas obvias. Por ahí fuera apenas necesitan palabrería, simplemente la buscan con ahínco a base de dedicar medios humanos y materiales, incluidos los económicos, para proteger a la nación de los ataques de enemigos ciertos y prevenir sobre los adversarios futuros. Para ello renuevan sus estrategias para hacer frente a escenarios cambiantes que se abren por tierra, mar, aire y ciberespacio. Los que más pueden, también en el espacio exterior por donde orbitan, o tal vez naveguen ya, los satélites. Por aquí, la cosa es algo diferente. Se redactan muchas normas para dar tareas, crear consejos, diseñar sistemas y redactar procedimientos. Tantas que es relativamente fácil encontrar muchos puntos que se superpongan, contradigan o creen indeterminación. Será por eso que se necesite acudir a un tribunal, además de a un intérprete, para que establezca la legalidad de su aplicación.

Sea como fuere, lo que está claro es que, desde que desvanecieran los órganos técnicos de regulación normativa gestionados por funcionarios de oposición y se primaron asesorías legales ocupadas por designados a dedo, el caos se apoderó del escenario legal. Saber qué norma es preeminente sobre otra se hace harto difícil. Paradójicamente, la dificultad para situarse en la ley presenta dos caras contrapuestas: la inundación normativa de los, al menos, dieciocho "boletines oficiales", descontados los bandos municipales, y el vacío de los numerosos conceptos jurídicos indeterminados que se incluyen en los textos. Lo uno facilita la anarquía y lo otro abre la puerta al fraude.

Así, frente a las antaño definidas situaciones de emergencia, excepción y sitio, descritas con acierto hace años, se incluyó la "situación de interés para la Seguridad Nacional" hace apenas un lustro, sin que nadie se atreviese a definirla y cuanto menos establecer los criterios que obligarían a aplicarla. Si la seguridad es ya un concepto subjetivo, ni que decir tiene que el establecimiento de la mencionada situación lo es doblemente. Y, si ya resultó confuso durante estos muchos meses saber si se vivía en una situación de emergencia o de excepción, imagino la doble confusión que se vivirá si se establece algo parecido con la de interés para la Seguridad Nacional. Lo que si queda diáfano es que, si hubo un recorte arbitrario de derechos fundamentales durante la emergencia sanitaria, los habrá en mayor medida si se establece esa indeterminada situación como apuntan los medios de comunicación.

Por aquello de la profesión, cuando se lee sobre Seguridad Nacional, viene de inmediato a la cabeza la idea de algo necesario para salvaguardar valores y bienes, intangibles y materiales, incluidos en la constitución de una nación como señas irrenunciables de su identidad. Sin embargo, todo lo que se escribe sobre este asunto en España está vinculado a lo que sucede dentro de nuestras fronteras, como si el enemigo fuese el pueblo español y el bien a proteger el gobierno. Una inversión de términos que don José Patiño, el multi-Secretario de Estado de Hacienda, Marina, Indias, Comercio…del siglo XVIII nunca entendería. Para gente honrada como él, al gobierno se viene a servir y no a ser servido.

Hay que reconocer que la estabilidad social que la Transición instauró con la Constitución de 1978 situó a España en una posición envidiada por muchas naciones. Era una cuestión de prestigio que se traducía en economía boyante, crédito diplomático, desarrollo tecnológico, incremento del bienestar,… y un sinfín de cosas más. Un logro colectivo que proporcionó seguridad a los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras, un bien común que los sucesivos gobiernos gestionaron como un "asunto de estado" y que nada tiene que ver con lo que hoy sucede.