Tribuna

EDUARDO MOYANO

IESA-CSIC

Sobre el debate monarquía/república

Sobre el debate monarquía/república Sobre el debate monarquía/república

Sobre el debate monarquía/república / rosell

En democracias consolidadas, el poder ejecutivo se somete al escrutinio de los ciudadanos en los comicios electorales (por lo general, cada cuatro años). Hay alternancia y cambian los gobiernos, y eso es bueno para la salud democrática de un país.

Sin embargo, las formas de Estado no están sometidas a los cambios electorales, sino que se legitiman por sus resultados en el medio y largo plazo. Si son útiles, su preservación es garantía de estabilidad. Sólo en situaciones de cambio de régimen se producen modificaciones de las formas de Estado.

Eso ocurrió, por ejemplo, en Italia con la derrota del fascismo tras la II Guerra Mundial, donde los ciudadanos votaron la nueva forma de Estado, decidiendo que fuera la republicana.

En la transición democrática española, mediante el referéndum de la Constitución de 1978 decidimos que fuera la Monarquía parlamentaria la forma política del Estado (art. 1.3). Fruto del amplio consenso en que se basó, la Constitución incorporó reivindicaciones de los partidos de izquierda y de los de centro y derecha, así como del nacionalismo vasco y catalán.

Hubo renuncias de todos a cambio de lograr una carta constitucional consensuada por una amplia mayoría, aprobándose en referéndum por más del 80% de los votantes. La Monarquía como forma de Estado fue, por tanto, fruto de ese consenso social y político.

Legitimidad por los resultados

Es evidente que en la España de hoy no estamos ante una situación de cambio de régimen. No hay problemas irresolubles de gobernabilidad, el sistema institucional funciona y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se ejercen con normalidad. Hay tensiones y situaciones de conflicto como en cualquier país democrático de nuestro entorno.

También es evidente que las noticias difundidas sobre el comportamiento del Rey emérito no favorecen la imagen de la institución monárquica. Pero las instituciones están por encima de las personas que las encarnan. Por ello su comportamiento no debe ser motivo suficiente para cuestionar la institución de la monarquía parlamentaria como forma política de nuestro Estado.

En las democracias avanzadas, y la española lo es, las formas de Estado no se legitiman apelando a la historia o a determinados derechos históricos, sino por sus resultados. Tanto las monarquías como las repúblicas se justifican en la medida en que sean de utilidad para el funcionamiento de los sistemas democráticos que encarnan. Cuando dejan de serlo, es cuando se cuestiona su continuidad.

En España, la Monarquía parlamentaria ha ejercido, y continúa ejerciendo, con eficacia las funciones que le atribuye la Constitución de 1978. Es además garantía del funcionamiento de las instituciones democráticas y de la separación de poderes. En este sentido, el comportamiento como monarcas constitucionales del rey Juan Carlos I y de su hijo Felipe VI en los más de cuarenta años de democracia ha sido impecable.

Un debate sin relevancia social

Obviamente, se puede, por razones ideológicas e incluso prácticas, preferir la forma republicana a la monárquica, y viceversa. Pero ni todas las repúblicas son iguales ni tampoco lo son todas las monarquías. Hay grados y matices que no se pueden obviar cuando se abre el debate monarquía/república.

Porque cuando se habla de república, de qué república hablamos: ¿de una presidencialista a la francesa, a la norteamericana, a la húngara o polaca?, ¿de una no presidencialista a la alemana, italiana o portuguesa?, ¿de una república autoritaria como la de Turquía o Rusia? Y si hablamos de monarquía no es lo mismo referirse a la saudí, que a las monarquías británica, sueca o danesa.

En el caso español, a la vista de los resultados no veo motivos suficientes para cuestionar la legitimidad de la actual monarquía parlamentaria. Tampoco el debate monarquía/república está entre los temas que preocupan a los españoles, tal como se comprueba en las últimas encuestas.Tampoco hay suficiente consenso político para, según los mecanismos de reforma constitucional, abordar un cambio en la forma de estado.

Sería poco responsable, por tanto, activar un debate que no es relevante hoy en la sociedad española, más preocupada por otros temas, como el control de la pandemia, la crisis económica o el alto nivel de desempleo asociado a ella. Abrir el debate monarquía/república sólo contribuiría a polarizar y dividir aún más a los ciudadanos y a los partidos políticos.

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