Algo habrá hecho

El 7 de junio de 1968 la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) cometió su primer asesinato, el del Guardia Civil José Antonio Pardines Arcay. Se encontraba regulando el tráfico en la carretera N-1 a la altura de Villabona (Guipúzcoa) cuando fue asesinado por dos etarras, Javier «Txabi» Etxebarrieta e Iñaki Sarasketa.

El 17 de marzo de 2010, ETA cometió su último asesinato, el del gendarme francés Jean-Serge Nérin, en Dammarie-lès-Lys, en el este de Francia.

En territorio español, el último asesinato se produjo el 30 de julio de 2009, cuando colocó una bomba-lapa en los bajos de un coche patrulla de la Guardia Civil en el cuartel de Palmanova (Mallorca), con los Guardias Civiles Carlos Sáenz de Tejada (28 años) y Diego Salvá Lezaun (27) dentro.

Entre el primer y el último asesinato, 42 años en los que fueron asesinadas 858 personas, de las que sólo 44 (5,1%) lo fueron antes de la muerte del General Franco, es decir, 814 asesinados ya en un Estado democrático, siendo la década de los años 80 los más duros, cuando más muertes hubo, precisamente con Gobiernos de Izquierdas. Por lo que cabe preguntarse contra quién ha luchado ETA, quién ha sido realmente su enemigo. A estos asesinatos hay que sumar los heridos y familiares, que siguen sufriendo las secuelas.

Siguieron asesinando a pesar del Real Decreto-Ley de amnistía de 30 de julio de 1976, que se extendió por Real Decreto-Ley de medidas de gracia, de 14 de marzo de 1977, a todos los miembros de ETA que no habían sido condenados a muerte o que no tenían pendiente una acusación de secuestro. Todos ellos fueron liberados antes de las elecciones de junio de 1977. Incluso la posterior Ley 46/1977, de Amnistía, de 15 de octubre, tampoco sirvió para frenar la oleada de atentados.

De los 858 asesinatos, todavía quedan 379 (44%) sin resolver. Por eso, la asociación española de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, reclamó al Parlamento Europeo (Comisión de Peticiones) que investigue sobre estos casos y pida al Gobierno español "una explicación satisfactoria" al respecto, además de que formule recomendaciones "para evitar una mayor impunidad y buscar justicia".

El 11 de octubre de 2017, la entonces Presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), Cecilia Wikström (ALDE, Suecia), tras escuchar a los representantes de la asociación Dignidad y Justicia, subrayó que durante años muchas familias han esperado justicia, pero "hasta ahora ha sido en vano". En su opinión, es necesario que acabe "esta cultura de impunidad". Por ello anunció que enviaría una serie de cartas al Ejecutivo español, así como a las Autoridades Judiciales competentes, a las que pediría que se lleven a cabo las "investigaciones adecuadas". Consecuencia de ello, la Comisión de Peticiones del PE solicitó a las Autoridades Españolas nuevas investigaciones para esclarecer estos asesinatos, y estudiar el envío de una delegación de eurodiputados a España, para lo que se precisaba el respaldo de una mayoría parlamentaria. Aunque esta Institución no tiene competencias para intervenir en la gestión del sistema de justicia penal de ningún Estado miembro, sí garantiza los derechos de las víctimas del terrorismo a través de las directivas 2012/29/UE y 2017/541/UE.

Este pasado 21 de enero, la Comisión de Peticiones ha acordado enviar al País Vasco una misión de investigación para reunir información sobre estos crímenes, aunque el calendario y la agenda del viaje están aún por definir. El objetivo es que la delegación europarlamentaria lleve a cabo su cometido en el segundo semestre de este año y les permita verse con víctimas y autoridades policiales y judiciales. Sobre ello, es interesante conocer qué representantes políticos nacionales votaron en esta Comisión en contra de la decisión adoptada.

El mismo 21 de enero, el Gobierno vasco decidió entregar al Parlamento Europeo un informe sobre los crímenes sin esclarecer de ETA y del GAL, lo que es una manera, desde mi punto de vista, de emponzoñar el asunto.

Algunos pretenden evolucionar del "Algo habrá hecho", expresión con la que muchos vascos han justificado los asesinatos de ETA durante años, al "totum revolutum", a intentar confundir haciéndonos creer que hubo una guerra con dos bandos, precisamente cuando el 94,9% de los asesinatos se produjeron en periodo democrático. Espero que los asesinatos de algunos de mis compañeros se resuelvan algún día, y no será precisamente gracias a determinados personajes, más dados al "blanqueo".