Lo importante no puede esperar

El Gobierno andaluz de las derechas lo tiene claro, lo importante puede esperar. Mientras, centra su atención en lo que para el trifachito es prioritario: los recortes en la educación y en la sanidad pública, para darle alas a lo privado; recortes en dependencia y en derechos sociales y por supuesto dejar tranquilos y llenarle más los bolsillos a sus aliados, los ricos.

Muestra de ello, es la última decisión tomada por el Ejecutivo de Moreno Bonilla, fruto del acuerdo alcanzado con la ultraderecha. Y es que casi 250 asociaciones contra la violencia de género se han quedado sin subvenciones. El 38% de las asociaciones se quedan con los proyectos para luchar contra esta lacra social colgados y muchos de ellos ya empezados y sin poder pagarse.

Una medida que responde a la concesión y al guiño que el Gobierno Andaluz hace a la ultraderecha de Vox. Habría que recordar cómo el pasado 13 de junio de 2019 se firmó el "documento matrimonial" del trifachito, indicando en su punto 27 una de las propuestas estrella de la ultraderecha: la revisión de las subvenciones públicas de determinados colectivos, poniendo el foco político sobre la nuca de los sindicatos de clase, organizaciones de LGTBI y las asociaciones que luchan contra la violencia de género.

El documento que se firmó en el Parlamento el pasado 13 de junio por PP, Cs y Vox se convirtió en requisito imprescindible para aprobar los presupuestos de este año. "Los que hacen defensa de un derecho civil en Andalucía pueden estar tranquilos, van a poder seguir haciendo su trabajo" dijo en su día el portavoz del PP, José Antonio Nieto, tras las alarmas que se levantaron al hacerse públicas estas devastadoras medidas.

Pues bien, parece ser que el PP andaluz no considera derecho civil la igualdad entre hombres y mujeres o combatir la violencia machista y la exclusión social. Tampoco considera derechos de la sociedad civil la eliminación de la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad o frenar la trata de mujeres víctimas de explotación sexual, entre otros. Ni PP ni CS lo consideran como derecho civil puesto que han dejado sin financiación a las asociaciones que trabajan para dotar a la sociedad de estos derechos fundamentales.

Con esta decisión fruto de un contrato matrimonial del que verdaderamente tiene la llave y marca

la línea del gobierno andaluz, que no es otro que Vox, dejan desamparadas a multitud de mujeres vulnerables, las que sufren exclusión social, las migrantes, las víctimas de explotación sexual… Un ejemplo de ello es la Federación de Mujeres con Discapacidad que trabaja cada año con más de 1.600 mujeres de toda Andalucía para empoderarlas y combatir la violencia a la que se ven sometidas y que han visto que de 32.000€ que recibía al año para llevar a cabo sus actuaciones, este ejercicio se ve sin recursos. Con los proyectos ya iniciados y a los que no pueden hacerle frente económicamente, se ven en la obligación de tomar una decisión sobre su futuro próximo.

Parece demasiada casualidad achacar esta decisión estrictamente política -como ha intentado el gobierno de las derechas-, a un problema técnico, cuando queda claro y por escrito que hace ahora justo 7 meses tomaron esta decisión a través del documento firmado con Vox y que ya era requisito previo a que apoyara sus presupuestos de 2020. El siguiente paso es poner el ojo en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) un Instituto abierto desde 1989 y sobre el que Vox ya se ha pronunciado sobre su utilidad. Preparadas nos hayamos.