Sobre la justicia en el caso de los eres

Según la ciencia clásica, la estructura política de cualquier Estado democrático ha de ser sostenida en un compromiso con la moral pública y la ejemplaridad como señala magistralmente el filósofo Javier Gomá. La Justicia y sus Órganos administrativos y jurisdiccionales han de ser exquisitos en esa relación entre la moral y la ejemplaridad. Sin embargo estos conceptos chocan con frecuencia con la condición humana porque la Justicia en abstracto está representada por hombres y mujeres a los que se confía un pilar fundamental del Estado de Derecho. Jueces y magistrados han de servir desde la independencia, neutralidad y rigor jurídico en sus actuaciones jurisdiccionales encaminando sus actos a la consecución de un principio elemental como es la seguridad jurídica y la tutela efectiva de la misma.

Sin embargo, desde hace años se viene constatando en sucesivas encuestas de opinión que la Administración de Justicia perdió aquél prestigio adornado de cualidades que deben acompañar a magistrados, jueces y fiscales. Según abundan las informaciones sobre las conductas de ciertos jueces, magistrados y fiscales se deduce que son ellos mismos quienes han propiciado las críticas y desapego que en ciertos casos causan verdadero escándalo rayano en la alarma social. Naturalmente no se refieren al callado y eficaz trabajo de magistrados, jueces y fiscales, la mayoría, que desde la discreción resuelven diariamente con eficacia en los juzgados y tribunales de toda España. Son los llamados "jueces estrella", seguidos ya de "fiscales estrella" los que causan repudio por su incontrolable afán de protagonismo. También otros jueces y magistrados que por propia voluntad pasan a la actividad política y sin ningún rubor vuelven a incorporarse a la carrera judicial como si fuera lo más natural del mundo. Causa asombro e indignación que esas "puertas giratorias" permitan casos flagrantes donde la presencia de siglas e ideologías políticas quedan manifiestas hasta la extenuación. La lista de quienes han traspasado la línea de discreción hacia el activismo político es larga y afecta a todos los partidos políticos y todas las ideologías: Para eminentes juristas, catedráticos, abogados, incluso para muchos profesionales de la justicia, resulta totalmente rechazable la condición de político y la de juez o fiscal.

Se plantea esta delicada cuestión cuando se conoce que un juez, Pedro Izquierdo Martin, ha sido designado por sorteo para juzgar el caso de los ERES en Andalucía. Nada habría que objetar de no darse la circunstancia que en este juez aceptó en 2008 entrar en política con el cargo muy relevante de Secretario General de Justicia de la Junta de Andalucía, y allí estuvo hasta 2014 que dimitió por motivos personales. Actualmente , reincorporado a la carrera judicial ,es Presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Ha causado estupor que el mismo no se haya apartado de un Tribunal que habrá de juzgar y dictar sentencia a quienes fueron sus antiguos jefes políticos, Manuel Chaves y Jose Antonio Griñán, por indicios suficientes de haber participado en una organización cuyo objetivo fue desviar fondos públicos destinados a la mejora del empleo en Andalucía. Como agravante de tan inmoral actuación habrá que decir que Andalucía acapara una de las más altas tasas de desempleo en toda la UE llegando a la vergonzante cifra de 1.120.300 andaluces sin empleo y en el caso de los jóvenes que no encuentran empleo la cifra del 62% es tan alarmante que sitúa a Andalucía como la región menos recomendable de toda la UE, tras Canarias. Da que pensar que esta situación, totalmente anómala se haya venido prolongando durante décadas sin que ninguna alarma social o política haya tratado de esclarecer la nula relación entre los Fondos públicos destinados a la Junta de Andalucía para mejorar el empleo y los catastróficos resultados que año tras año repiten en los baremos oficiales. Tampoco hubo suficiente diligencia en los Organismos que debieran haber ejercido la vigilancia de esos Fondos y su destino final. Ni la agilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni la de jueces y fiscales anticorrupción. Un espeso silencio ha sido durante tantos años cómplice por activa o por pasiva de semejantes fechorías que ha enriquecido a los avispados bien situados al calor de unas siglas que vienen ejerciendo el único poder conocido desde hace ya 39 años. Si bien es cierto que el Juez Izquierdo ha sido designado por sorteo para esta causa, no es menos cierto que la coincidencia no significa impedimento alguno para ejercer un acto propio inhibiéndose de juzgar a quienes durante años fueron sus jefes políticos y los más altos representantes del socialismo andaluz sospechosos ahora de irregularidades que rozan penas de cárcel e inhabilitación según la fiscalía anticorrupción. Sería un gesto capaz de reforzar su voluntad de independencia y neutralidad en un caso que acapara enorme interés social extendido en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Además de ellos 24 altos cargos de la Junta de Andalucía también serán juzgados en la misma causa con el repudio y la indignación de millones de ciudadanos hartos ya de tanta corrupción que pervierte la esencia misma de la democracia. Aún hay tiempo que la Justicia, con la balanza en las manos y un velo cubriendo su rostro, se muestre a la sociedad como lo que es o debiera ser .

La contaminación entre la política activa y administrar esa Justicia sería en todo caso un equilibrio difícil de entender cuando se conoce la relación de proximidad entre quien juzga y ha de ser juzgado. Por ello mismo existe esa capacidad de inhibirse cuando tantas razones abundan para ello. De otro modo, y sin cuestionar la brillante carrera de este juez, ni menoscabar su méritos profesionales, habría hueco para una sospecha que siendo o no cierta, ya ha calado en la opinión pública aumentando el escepticismo que se tiene sobre este tipo de juicios donde los influyentes encuentran el modo de suavizar el rigor de las leyes y su aplicación.Son los Magistrados, jueces y fiscales, quienes interpretan y aplican las leyes, los que pueden devolver a la Justicia el halo que la acompaña en los países más desarrollados. Por todo ello, el juez Pedro Izquierdo apartándose de esta causa, haría un gran favor a su propia imagen y a la la democracia reforzando la confianza que ha de tenerse en el Estado de Derecho.