Tribuna

José María Martínez de Haro

Periodista y escritor

Hay un límite

Hay un límite Hay un límite

Hay un límite

El pacto de gobierno suscrito entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) tiene como objetico principal la reforma del Estatuto vasco y la ampliación efectiva de competencias del autogobierno vasco y el reconocimiento del País Vasco como Nación. En Cataluña se traspasó hace tiempo la línea de la Constitución y el delirio de unos grupos políticos pretende la separación de Cataluña como estado soberano e independiente de España. Habrá que señalar que tanto en el País Vasco como en Cataluña y el resto de CC AA se han conformado gobiernos autonómicos con mayores competencias que los landers alemanes o los cantones suizos. Surgen entonces algunas preguntas que inquietan a una mayoría de españoles, ¿Hasta dónde pueden llegar las competencias de los gobiernos autonómicos?, ¿cabe imaginar una línea donde se cierren definitivamente las estructura administrativas y políticas de las autonomías?, ¿Conoce alguien, incluido el Jefe del Estado, hasta donde puede llegar este incesante reto de reclamaciones y litigios que a la postre no calman nunca el ansia predadora de las autonomías más combativas?. Finalmente, si hay un límite ,¿ cuál es el límite? Si hemos de atender el derecho comparado, ningún país con un Estado federado, o confederado ha otorgado el grado de autogobierno que el Estado español las Autonomías. Ocurrió al comienzo de la transición , cuando aún no se tenía claro el modelo territorial de la España democrática, un artero catedrático de derecho, sevillano por más señas, diseñó este engendro con bastante precipitación y sin arraigo en la historia ni en el derecho político español. Aquel proyecto fue asumido con evidente entusiasmo por el clan sevillano del PSOE que vieron pronto la ocasión de crear en Andalucía un territorio donde arraigar poder para el socialismo entrante. Y fue Alfonso Guerra quien embaucó a Fernando Abril Martorell entonces mano derecha de Adolfo Suarez. La formación de Abril Martorell como ingeniero agrónomo no o era la más adecuada a participar en la creación de un nuevo modelo político y administrativo del que nadie sabía nada. Adolfo Suarez quiso ser muy innovador, y también aceptó sin reflexionar demasiado en las consecuencias posibles del modelo de las Autonomías para todas las regiones de España. Ninguno de los dos atendieron las advertencias de juristas prestigiosos y conocedores de la historia de España como Landelino Lavilla, Iñigo Cavero, y sobre todo Alfonso Osorio, Vicepresidente del Gobierno que postulaban unos estatutos generosos para Cataluña, Pais vasco y Galicia, tal que se pretendió en la II República. No tuvieron éxito sus advertencias y como cabría imaginar, los problemas surgieron a los pocos años de la muerte de José Tarradellas primer Presidente preautonómico de Cataluña y comenzaron las exigencias y los chantajes de la Generalitat para apoyar los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Hasta hoy mismo que las reclamaciones se hacen frontalmente incompatibles con la Constitución y con el modelo de Estado y territorial de España. Las pretensiones singulares de Cataluña y en otra medida del País Vasco rebasan el espíritu primigenio que dio forma a la España de las Autonomías y están creando tensiones y situaciones algunas de carácter irreversible con el resto del territorio español. No es cuestión de lamentar ahora aquella precipitación y falta de previsiones de los políticos de entonces, ¿qué podría hacerse al respecto?. Los mas voluntariosos tratan de impulsar un pacto de Estado entre los partidos políticos decisivos capaces de reconducir las Autonomías hacia el límite que no haga peligrar los pilares donde se sustenta el Estado y la Nación española. De este modo y con la firmeza propia de un Estado de Derecho, los gobiernos de España podrán atajar sin complejos la cuestión territorial definitivamente situando las Autonomías en sus límites de competencias. Será sin duda una tarea de difícil encaje pues surgen diario nuevas pretensiones de carácter nacionalista en Andalucía o Aragón, donde jamás hubo antecedentes dignos de consideración más allá del romanticismo místico de Blas Infante o alguna tontuna cazurra ideada por un argentino asentado en Zaragoza que no conoce nada de nuestra historia ni de la Corona de Aragón. Hasta ahora, la actitud del Gobierno ha sido calificada de laxa e inoperante dejando un rastro de falta de decisión en asuntos de extrema gravedad que se trata de revestir de prudencia. La estrategia ha sido encomendar a los juzgados y tribunales, jueces y fiscales la calificación y en su caso condena de tantos delitos flagrantes que según la opinión mayoritaria se tratan con excesiva comprensión en el fondo y en la forma. En una situación crítica, cuando el panorama político se cubre de nubarrones que señalan incierto porvenir, el Gobierno de España se ha de enfrentar a cuestiones urgentes y de importancia extrema en las condiciones de debilidad parlamentaria que surgió tras las últimas elecciones generales. Es en situaciones como esta cuando las exigencias oportunistas de ciertos nacionalismos radicales se hacen fuertes en la pretensión de mas y mayores competencias como ocurre con la alianza PNV-PSE en el País vasco. En Cataluña, la presión es insoportable por cuanto trata de judicializar una situación de rebeldía que suman miles de ciudadanos que inician de ese modo un proceso revolucionario en toda regla subvirtiendo el orden constitucional y legal que emana de la soberanía española. Habrá que imaginar que en toda situación anómala hay un límite y una medidas acordes con la legalidad constitucional y democrática que sean capaz de devolver la normalidad a todas las regiones de España.

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