Entre el ruido constante de la lucha encarnizada por seguir aferrado al poder, los fogonazos publicitarios y el cacareo del Parlamento, la política española se desliza por una peligrosa pendiente que podría arrastrar a la propia democracia que conocemos. Cuesta entender qué está ocurriendo y descifrar los intereses que mueven esta rueda de cuyo giro dependen el presente y futuro de millones de españoles.

No basta ya la lectura de los periódicos, menos aún las televisiones o el vertedero de las redes antisociales. Ahora como siempre la lectura solvente de analistas, profesores, investigadores, historiadores y académicos ayudan a entender la complejidad del mundo que nos toca vivir. Entre otros el oportuno titulo "Anti pluralismo, la amenaza populista a la democracia liberal" de William A. Glaston. El autor hace algunas apreciaciones sobre la actualidad y avisa a los gobernantes y a los ciudadanos," el retroceso democrático a menudo empieza en las urnas", los ejemplos son recientes; Venezuela, Georgia, Hungría, Filipinas, Nicaragua, Turquía, Aregentina y ahora mismo Bielorrusia entre otros. Otros profesores como Daniel Zyblatt, de la Universidad de Harvard y el catedrático y politólogo Steven Levistky abundan en sus publicaciones sobre este tema candente y afirman; " ahora no hay palacios en llamas, asesinatos o destierros . No hay tanques en la calle, sino elecciones, los autócratas electos mantienen la apariencia de democracia pero la van destripando hasta despojarla de contenido. Dado que no hay un momento único, no hay golpe clásico ni suspensión total de la Constitución el que el gobierno cruce abiertamente la línea roja, nada hace sonar las alarmas. Quienes denuncian los abusos del gobierno son descalificados como exagerados. De este modo la erosión de las democracias liberales llegan al agotamiento del sistema y se crea otro régimen a la medida de los autócratas." En la Europa de estos años hay países donde se están socavando los fundamentos y las instituciones que sostienen la democracia liberal. La primera pieza de este envite consiste en dividir a la oposición, trocear sus expectativas electorales, negarle su identidad democrática y arrinconarla en el parlamento y en la calle. Líderes electos buscan la "complicidad del pueblo" al que apelan y sustituyen la legitimidad democrática por otras reglas a la par que crean organismos e instituciones paralelas bajo su absoluto control. Algunos desmontan la democracia a toda prisa, descaradamente, otros buscan la erosión lenta con pasos apenas perceptibles. La investigadora Camino Mortera del Center for European Reform con sede en Bruselas señala; "El deterioro de las Instituciones es la última víctima y es el tema fundamental de todas las crisis que hemos tenido y tenemos en Europa desde 2.014".

Me he empapado de estas y otras lecturas en este nuevo aislamiento social y resulta evidente que hay ejemplos muy al alcance de cualquier observador. Y leo con incredulidad que los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos han registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Titulaba mi artículo de la semana anterior "La Justicia, el último bastión", en ello estamos. La primera cuestión es que con este atajo el Gobierno elude tener que consultar al Consejo de Estado, El Consejo Fiscal y el CGPJ con la certeza que emitirían informes contrarios a esta nueva arremetida gubernamental. Y otra es que se acorta el plazo al tratarse de grupos parlamentarios por lo que esta propuesta podría ser aprobada como Ley en dos meses. Tan de prisa va este gobierno en buscar sus parapetos ante los tribunales de Justicia que se ve refulgente el propósito antidemocrático que persigue. Las asociaciones de magistrados y jueces han expresado de manera clara su disconformidad con el fondo y la forma de esta iniciativa. Asimismo siete vocales del CGPJ manifiestan su oposición y señalan que es contario a la Constitución española. Lo que la Constitución estableció en el artº 122 es que sean los propios jueces quienes elijan a la mitad de los miembros de CGPJ. Así venía cumpliéndose hasta que comenzaron a aflorar los casos de corrupción en los primeros gobiernos del PSOE por lo que algunos de sus dirigentes fueron imputados. Esto alentó al Gobierno del PSOE a promover en 1.985 la reforma del sistema de elección de tal suerte que los partidos políticos tuvieran capacidad de decidir en los nombramientos. La maniobra se consumó con éxito y los gobiernos de turno, todos, han estado manoseando en el nombramiento de los vocales del Consejo hasta el bochorno. Y con esta "solución" se envileció la idea primigenia de una separación de poderes que garantizaba la independencia y neutralidad de la Administración de Justicia frente al poder legislativo y ejecutivo. Ahora cuando el daño al prestigio de la democracia española es ya inmenso algunos partidos entonan mea culpa muy a destiempo. Cuando el PP tuvo mayoría parlamentaria suficiente no cambió esta reforma de 1.985. El muy nefasto Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón empeoró aún más este necesario equilibro de poderes propio de las democracias de Europa.

La cuestión está candente, la Asociación de Jueces y Magistrados europeos ha emitido un duro comunicado criticando la iniciativa del Gobierno español. Hasta la Comisión Europa advierte al Gobierno que "va a observar con atención el desarrollo de la reforma del Poder Judicial" al tiempo que señala que no puede ser "vulnerable" a la politización. Según publica el País.com el viernes 16, Pedro Sánchez ha decidido hacer caso omiso de esta advertencia y de los demás pronunciamos contrarios a su reforma. Pero queda la duda de lo que finalmente pueda hacer, si negociar la renovación del CGPJ obligando a la oposición a aceptar los términos que proponga PSOE y Podemos o cumplirá su reto sin importarle posibles consecuencias jurídicas, económicas, políticas y sociales.

Preocupa mucho que con la amenaza del virus cuya capacidad de contagio acrecienta cada día, este Gobierno despliegue tanta energía política para reformas que no urgen ni preocupan al conjunto de la sociedad; La ley de memoria "democrática", la nueva Ley Celáa y ahora esta otra señalando a la Justicia. Es muy probable que de aprobarse acabara por la vía de los hechos con lo que queda de democracia en España. Resulta inconcebible que el Presidente del Gobierno no se percate de sus derrotas en la gestión de esta pandemia; sus fracasos continuados en la contención del virus, de los contagios entre el personal sanitario y de las víctimas mortales, 53.000 hasta la fecha. Parece que prefiere continuar gobernando y saltar las líneas rojas de la democracia entre los ataúdes y el caos. Todo ello muestra el rasgo de un gobernante impertérrito que no escucha los dictados de la razón y el sentido común.