Provincia

La justicia archiva la denuncia contra la empresa de La Tomillera

  • Tumba la denuncia de UPYD que acusaba al alcalde de prevaricar con Vefruber y los 300 puestos de trabajo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Berja ha procedido, a petición de la fiscalía, a archivar la denuncia presentada en su día por el concejal de UPyD, Antonio Álamo, a través de la cual acusaba al alcalde, Antonio Torres, de un delito de prevaricación por una supuesta ilegalidad urbanística en el Sector I-3 de Berja. Con este trámite se pone fin a un proceso incoado en el año 2015, en el que Álamo acusaba al alcalde de no haber actuado contra una empresa creada en el Polígono de la Tomillera.

Para Torres “cerrar la puerta a la creación de puestos de trabajo en nuestro municipio sería una barbaridad. Siempre he defendido y defenderé los intereses de los virgitanos, respetando la legalidad”. La empresa Vefruber, promotora de dicha obra, ha creado casi 300 puestos de trabajo entre directos e indirectos en Berja, “evitando así que muchísimos de nuestros vecinos tengan que desplazarse a municipios limítrofes para poder ganarse el pan”, ha afirmado el primer edil. Álamo “sin importarle el daño que ocasionaría a tantas familias de la población, pidió el cese inmediato de la actividad, por considerar que los terrenos sobre los que se asienta no cumplían con el desarrollo urbanístico del sector, contrariando así el sentido de la modificación del sector que aprobó la Junta de Andalucía”, explica.

El alcalde ha afirmado que “nunca ha dejado de sorprenderme cómo Álamo era capaz de pedir semejante cosa y quedarse tan tranquilo, viendo cómo trescientos virgitanos se quedan en el paro y dejan de tener con qué dar de comer a sus familias”. Para el alcalde “la postura de Álamo ha sido de una irresponsabilidad sin límites, al anteponer sus venganzas personales al sustento de cientos de virgitanos”.

El juez del número 2 de Berja ha sido categórico en el auto dictado el 15 de noviembre: “No existen indicios que permitan apreciar los elementos del tipo necesarios para la prevaricación”. El titular del juzgado virgitano ha recriminado a Álamo “su intento de utilizar a la justicia para hacer política”. El auto afirma que “cualquier irregularidad en un procedimiento relacionada con la administración (que en el caso de autos tampoco ha quedado constatada siquiera indiciariamente) no puede dar origen a una actuación penal, sin que deba pretenderse, como viene ocurriendo con demasiada frecuencia, la utilización del proceso penal para fines distintos de aquellos para los que está concebido, como es el ejercicio del ius puniendi, y accesoriamente el ejercicio de las acciones administrativas, cuando éstas pueden y deben ejercitarse ante la jurisdicción competente, cuando como en el presente caso no existe indiciariamente acreditada infracción penal”.

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