La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha renovado los convenios de colaboración con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia de Almería (Níjar, Roquetas de Mar, Vícar, Adra y El Ejido) para la financiación de los equipos de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección. Este acuerdo supondrá una inversión de 1,1 millones de euros para la provincia de Almería en 2021, que beneficiará a más de 462 familias y 920 menores.

El delegado territorial de Igualdad, Rafael Pasamontes, ha explicado que la Consejería destinará 13,7 millones de euros para el programa de tratamiento familiar en toda la comunidad a lo largo de este año, cantidad que beneficiará a 92 entidades locales y permitirá atender a más de 6.000 familias y 12.000 menores en toda la comunidad.  

Rafael Pasamontes ha subrayado que este convenio abunda en el reconocimiento de la familia como institución fundamental para el desarrollo de la persona que recoge la nueva Ley de Infancia y Adolescencia que, en estos momentos, ya ha iniciado su trámite parlamentario y en breve esperamos que esté en vigor para que, cuanto antes, los 600.000 niños que viven en situación de exclusión en Andalucía tengan un futuro próspero.” 

El delegado también ha expresado que “cualquier menor puede encontrarse en un momento dado en situación de riesgo en el seno de su familia, no es algo que afecte a grupos concretos de población, de ahí la importancia de los equipos de tratamiento familiar que son ese recurso terapéutico fundamental de apoyo tanto a las familias como a los menores, que permiten recuperar las competencias parentales”. La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años que se hayan propuesto medidas de protección para menos del 5% de los niños, niñas y adolescentes atendidos por este servicio en la comunidad.

El delegado territorial ha destacado la labor del Programa de Tratamiento Familiar para “proteger a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad”. “Se trata de dotar a ese núcleo familiar de las herramientas y competencias parentales para encauzar la situación de riesgo, y evitar así medidas extremas como la separación del menor y su declaración de desamparo, o incluso para, cuando ya se han dado estos casos, revertir esa separación y que el niño o la niña pueda volver a su hogar cuando sus padres y madres están capacitados y preparados para protegerles y cuidarles”, ha subrayado.

Pasamontes ha querido agradecer además el esfuerzo y dedicación de los ETF que, a pesar del confinamiento y la pandemia, “han continuado haciendo un seguimiento a las familias para dar apoyo emocional, acompañamiento y orientación de los distintos recursos que la Consejería pone a disposición de las familias, como la Renta Mínima de Inserción Social, las Pensiones no Contributivas, las Ayudas Económicas Familiares o las Tarjetas Monedero”.

En este sentido, el delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha resaltado el compromiso de su departamento con este programa y ha destacado su inclusión “como una prestación garantizada en el Catálogo de Prestaciones de Servicios sociales” bajo la denominación de Apoyo Psicosocial y Psicoeducativo de atención a la infancia y a la familia. Una prestación que tendrá aún mayor respaldo con la próxima aprobación del nuevo marco legislativo para la infancia en nuestra comunidad. 

Más de 10.636 menores atendidos en 2020

Los ETF son grupos de carácter interdisciplinar conformados por 492 técnicos y 92 personas coordinadoras que actúan en 84 municipios de más de 20.000 habitantes y en las ocho diputaciones provinciales. Este programa, vigente desde el año 2001 atendió en el último año a más de 10.636 menores y un total de 5.555 familias.

Los programas de tratamiento familiar cumplen un doble objetivo: por un lado eliminan y cortan la conducta de maltrato, y por otro persiguen instaurar y potenciar conductas positivas de relación familiar. El tratamiento a realizar tiene como finalidad promover un funcionamiento autónomo e independiente de la familia, dotándola de suficientes competencias para que alcance su plena autonomía en la solución de problemas de cara al futuro.

Los ediles de Igualdad de los distintos ayuntamientos han rubricado el convenio.

Esta actuación se revela fundamental, además, en aquellos casos que implican medidas de protección que suponga la separación del menor de su entorno familiar, ya que posibilita el retorno a la familia de origen. La reunificación familiar se erige así, como la alternativa prioritaria y más adecuada para los y las menores, primando siempre su interés superior.

Perfil de los usuarios

Según la última memoria de actividad del programa en Andalucía, el 28,6% de las familias destinatarias del servicio son biparentales con menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social, seguidas por núcleos monoparentales, de madres con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social (1.177 familias, el 21,19 % del total de familias atendidas), o familias en proceso de separación o divorcio sin custodia compartida (21,03%). En casi la mitad de los casos, los progenitores no tienen terminados los estudios obligatorios (47,19%), y en un 4% de los casos alcanzan los estudios universitarios.

La mayoría de las familias que participan en este programa no tienen conciencia de la existencia de un problema y del daño de su conducta en los hijos e hijas, y en muchos casos la intervención se produce a raíz de conflictos de pareja o conflictos familiares en la unidad de convivencia (48,64%), generalmente tras una separación conflictiva, uno de los escenarios que más crecen.

Asimismo, el 62% de las familias atendidas tienen ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, por lo que la situación de precariedad o inestabilidad laboral y económica se convierte en elemento de riesgo en 42,92% de los casos. También se detectan adicciones (27,27%), problemas psíquicos o comportamentales (40,47%) o relaciones conflictivas entre padres e hijos (38,83%).

1,1 millones para Almería

En el caso de Almería, los 12 ETF, integrados por 38 profesionales y 7 Coordinadores Locales, atendieron a 920 menores procedentes de 462 familias durante 2020. De estas familias, el 25% son biparentales con menores a su cargo y en situación de riesgo social, seguidas de los núcleos monoparentales que conforman el 22%, familias reconstruidas (15%) y de separación sin custodia compartida (14%).