los vélez

Congreso y Senado reciben las 23.000 firmas del complejo asistencial

  • Los cuatro alcaldes de la comarca, responsables y técnicos de APAFA, familiares y usuarios con discapacidad viajan mañana a Madrid para evitar el cierre del motor económico de la comarca

Responsables de Apafa y los alcaldes de los municipios de Los Vélez durante la manifestación hace unas semanas. Responsables de Apafa y los alcaldes de los municipios de Los Vélez durante la manifestación hace unas semanas.

Responsables de Apafa y los alcaldes de los municipios de Los Vélez durante la manifestación hace unas semanas. / lázaro martínez

Las 23.000 firmas que la Asociación de padres, familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual del norte de Almería (APAFA) ha recogido para evitar devolver los más de 600.000 euros que le reclama el Gobierno central por una subvención por importe de 500.000 euros (más 120.000 en intereses) para la construcción de las instalaciones en las que ahora trabajan y que dan servicio a centenar de usuarios de la comarca de Los Vélez y de otros puntos de la provincia llegarán mañana al Congreso de los Diputados, el Señado "y si nos da tiempo a Moncloa", explica la presidenta del colectivo, Matilde Díaz.

Díaz ha confirmado a este periódico que mañana miércoles una expedición compuesta por los cuatro alcaldes de la comarca (Antonio Cabrera, Vélez-Blanco, Miguel Martínez, Vélez-Rubio, Francisco Martínez, María y Emma Sola, Chirivel), técnicos y personal del centro así como familiares y usuarios con discapacidad ser reunirán con diputados y senadores para entregarles todas las firmas recogidas para "reivindicar que atiendan nuestra petición porque es un disparate lo que pretenden hacer ya que no se aplica el pricipio de proporcionalidad".

Díaz ya entregó hace unas semanas las más de 20.000 firmas que hasta el momento habían recogido a través de la plataforma Change.org al Defensor del Pueblo en Madrid "quien ha mostrado muchísima sensibilidad dentro de las competencias que le marca la ley". "Ahora la solución está en la Secretaria de Estado de Asuntos Sociales que tiene que ordenar la ejecución de la sentencia. La solución está de donde nunca debio partir", lamenta Díaz que insiste en que en ningún momento "hubo espíritu lucrativo" y recuerda que en caso de aplicarse la ejecución de la sentencia "las consecuencias son tremendas a nivel social ya que la Junta tendrá que reubicar a los cien usuarios a los que se les da servicio y también a nivel económico porque APAFA es el mayor motor de una comarca deprimida".

La presidenta de APAFA se muestra "muy esperanzada" con esta marcha a Madrid y confía en que "todos los diputados y senadores escuchen nuestra petición y entiendan que solo estamos pidiendo algo justo y dentro de las competencias que marca la ley".

Hay que recordar que el problema radica en la notificación al Gobierno de España del cambio de la empresa constructora que se hizo telefónicamente y no por escrito como dice la ley de subvenciones. Por esta razón ahora se le reclama la devolución de la ayuda económica lo que provocaría el cierre del complejo asistencial al no poder hacer frente a esa cantidad económica.

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