Ecologistas en Acción ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que investigue si el informe que aprobó el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en julio de 2015 en el que reduce el volumen de tierra contaminada con radioactividad a limpiar en Palomares, Cuevas del Almanzora (Almería), "habría sido destruido" y si hay un presunto delito de desobediencia, ya que es una prueba documental admitida por la sala en un procedimiento abierto. 

El escrito, presentado el viernes, recuerda que el citado informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica del regulador atómico que evalúa "los niveles de intervención" para la restauración de los terrenos afectados por el accidente de Palomares consta como prueba documental E en la causa para la limpieza definitiva de la zona. 

Añade que el CSN remitió a la Audiencia Nacional en respuesta al oficio que requería el informe "un documento sin portada, sin número, sin firma y sin fecha" y que, "por tanto, no era el requerido por la sala como prueba documental E" ya que exigió una copia certificada. 

Ecologistas sostiene, ahora y a lo largo de todo el procedimiento, que "dicho anónimo fue elaborado con el único objeto de ser aportado a la presente causa" y "que en él se ocultan los motivos por los que se modificaron los criterios radiológicos" para Palomares "en julio de 2015" con respecto a los aprobados en 2010. 

En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe ser retirada en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU casi al tiempo si bien no precisa en cuanto con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 y que preveía la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo. 

En mayo de 2018, el colectivo solicitó al tribunal que pidiese al CSN "una copia certificada del informe" pero la Abogacía del Estado volvió a alegar que estaba sujeto a la Ley de Secretos Oficiales. Ahora, Ecologistas vuelve a pedir a la Audiencia Nacional que libre nuevo oficio al regular atómico que requiera para que, por sus responsables, se aporte "la prueba documental acordada, y en su defecto, se explique la razón por la que no se ha remitido" y lo hace "tras llevar a cabo las averiguaciones oportunas". 

"Esta parte -recoge el escrito- ha tenido noticias recientes de que la Directora Técnica de Protección Radiológica del CSN transmitió verbalmente a mediados de 2019 a diversas personas del Consejo, incluyendo la Subdirección de Protección Radiológica Ambiental competente, que la prueba documental E, admitida por la Sala, habría sido destruida, una decisión que impide a la Sala el acceso a su contenido". 

Al hilo de esto, Ecologistas remarca que "la destrucción y por tanto no entrega del documento solicitado, sin perjuicio de que pudiera constituir un delito de desobediencia", vulneraría  derechos fundamentales "como son el de defensa, el de utilizar los medios de prueba que le son necesarios y el de tutela efectiva de jueces y tribunales", por lo que insta a la Audiencia Nacional a que, de "comprobarse la certeza de la información recibida, proceda como corresponda". 

Cabe recordar que, en febrero, la Audiencia Nacional reclamó al Gobierno que desclasificase el Plan de Rehabilitación para el área contaminada con plutonio en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), aprobado en 2010, para poder decidir si ordena o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) fijar plazo para la ejecución de la limpieza de las más de 40 hectáreas bajo vigilancia radiológica. 

El auto instaba al Consejo de Ministros a remitir a la sala "todas las indicaciones que sean procedentes" en relación al mantenimiento de la "confidencialidad" de su contenido y pide que precise "el tiempo estimado" para finalizar el informe. 

Asimismo, la Audiencia Nacional, para poder resolver sobre el recurso contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, le pedía al Gobierno que aportase "cuanta documentación" se haya elaborado sobre la situación en la zona desde el 5 de mayo de 2010, fecha en que se aprobó el Plan de Rehabilitación