"Tenemos el apoyo de los cuatro ayuntamientos de la comarca. Aquello es como si fuera mi hijo y estoy dispuesto a que caiga a quien caiga antes de que esto se arruine". Son las clarividentes palabras de Luis López, exdelegado de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, fundador de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual de la Zona Norte de Almería (APAFA) y actualmente uno de los mil socios que integran este colectivo, ante la llamada de Diario de Almería para conocer qué soluciones hay ante el requerimiento por parte del Gobierno central de una subvención por importe de 500.000 euros (más 120.000 en intereses) para la construcción de las instalaciones en las que ahora trabajan y que dan servicio a cerca de un centenar de usuarios de la comarca de Los Vélez y de otros puntos de la provincia.

López, que tiene una hija con discapacidad que recibe servicio en este centro al igual que otro centenar de padres, asume que el cambio de empresa constructora para ampliar el centro, razón por la que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales les pide la devolución de la subvención que recibieron en 2011, "fue un error" porque "no se notificó por escrito" pero insiste en que "nadie se llevó ningún dinero e incluso las obras se ejecutaron con menor presupuesto y hubo más mejoras".

El exdelegado de Igualdad relata que junto con la presidenta de Apafa, Matilde Díaz, ha mantenido a lo largo de este último mes varias reuniones y conversaciones con la secretaria del Estado de Igualdad, Soledad Murillo, para solucionar este problema "que va a provocar el cierre de Apafa y que mucha gente se vaya a la calle entre trabajadores y usuarios".

Según López, se han planteado hasta tres opciones para evitar la devolución de la subvención "porque no tenemos dinero ya que hay que recordar que somos una entidad sin ánimo de lucro". Las mismas pasan en primer lugar, según relata, por "que el Gobierno solicite al tribunal, ya que la sentencia es firme, la inejecución al considerar que va a causar un daño irreparable". En segundo lugar, a través de la Ley General de Subvenciones "el Gobierno puede destinar una a Apafa sin convocatoria justificando que es por razones humanitarias y de interés social", matiza.

La tercera pasaría por ceder al Ministerio de Hacienda todas las instalaciones (valoradas en más de 2,5 millones) "y solicitarles que nosotros sigamos gestionándolas siendo propiedad suya por lo que saldrían ganando".

López lamenta que ninguna de las tres opciones planteadas haya sido aceptada y que desde el Gobierno se les ha sugerido "dividir el pago en varios plazos y solicitar un préstamo, algo que no podemos realizar puesto que no contamos con los más de 600.000 euros que nos están pidiendo", denuncia.

Por esta razón, este sábado va a tener lugar una manifestación en Vélez-Rubio, municipio en el que se asienta el complejo asistencial que gestiona Apafa y que en la actualidad da empleo a más de cien personas e indirectamente "da de comer a 400 ó 500 más, es uno de los pilares económicos de la comarca", sentencia López.