La semana de devoción, fe y penitencia ha causado efectos positivos y de distención en la Corporación Provincial que ayer escenificó una sesión plenaria ordinaria en la que los escasos seis puntos en el Orden del Día se aprobaron por unanimidad o por abstención del PSOE, pero no hubo ningún voto en contra. Algo inédito en una legislatura bronca que ya enfila su final con muchos proyectos aún por impulsar.

El último, el que centró el pleno de ayer, fue el Plan Estratégico para la implantación electrónica en la Institución Provincial y por extensión, en los 103 ayuntamientos de la provincia. Una hoja de ruta sobre el nuevo modelo de gestión basado en el expediente electrónico y la relación telemática con los ciudadanos y entre las distintas administraciones que tiene por objetivo apartar de manera definitiva al papel como medio de relación y acomodarse ya al uso de las nuevas tecnologías en pleno siglo XXI.

El diputado provincial de Régimen Interior, José Fernández, ha resaltado que el Plan aprobado por unanimidad es fruto de un trabajo "concienzudo, riguroso y serio" del Área que coordina. Asimismo, ha detallado que entre los años 2018-2020 se van a invertir 527.000 euros y van a ser necesarias 17.835 horas de trabajo para alcanzar "el objetivo de evitar el uso de papel en las relaciones entre instituciones y con los ciudadanos".

El proceso de implantación irá acompañado del establecimiento de una serie de procesos de simplificación tanto de los servicios que se ofrecen al ciudadano como de los procedimientos internos en la Institución. El componente tecnológico va a ser fundamental para la implantación de documentos electrónicos, por lo que también se ha incluido desde la formación de los trabajadores hasta la adecuación de las normativas que supondrán un gran cambio en la forma de realizar la nueva gestión administrativa.

"Con este Plan Estratégico, la Administración Electrónica mejorará en eficiencia y eficacia de los procedimientos y en el servicio que se da a los ciudadanos", ha asegurado el diputado provincial, quien ha adelantado que "si bien las comunidades autónomas cuentan ya con él, la Diputación Provincial de Almería es una de las pioneras en su implantación".

La única polémica ha tenido lugar durante la aprobación del Plan de Infraestructuras de Galasa que ha contado con la abstención del PSOE y el voto favorable de PP, Cs e IU. Se trata de la inclusión del proyecto de Tíjola, que ha encomendado la gestión de las redes de agua a Galasa, dentro del Plan de Infraestructuras Hidráulicas que diseñó la Diputación para salvar la empresa pública.

En concreto, se van a sumar 488.000 euros -de los años 2017 y 2018- para el municipio de Tíjola a los 7,7 millones de euros que recoge el Plan de Inversiones en los años 2017-2018 en los municipios de la Huella Galasa.

En este punto, el portavoz del PSOE, Juan Antonio Lorenzo, ha lamentado que después de más de 15 meses se siga "incumpliendo" el acuerdo sobre el Plan de inversiones de Galasa que suscribieron todos los grupos políticos en diciembre de 2016 a iniciativa del Grupo Socialista.

"Después de un año y tres meses no se ha hecho una obra en la red Galasa, no se ha reunido la Comisión de Seguimiento que se creó en diciembre de 2016, la empresa sigue perdiendo la misma agua y, lo peor, es que no sabemos la cantidad exacta, porque el estudio de fugas encargado no lo dice", ha censurado el portavoz socialista. Esta inacción del equipo de Gobierno del PP indica, ha dicho, que "este plan no está sirviendo para paliar los problemas de fugas" si no, al contrario, "se está invirtiendo en una relación caprichosa entre la Diputación y los ayuntamientos que no tiene, tampoco, justificación" en relación a Tíjola, ayuntamiento que recientemente ha reculado y se ha vuelto a adherir a la red Galasa, después de haber anunciado su salida hace un año coincidiendo con la notable subida de la tarifa. Lorenzo ha apuntaod que "nos parece fenomenal que Tíjola tenga ahora esta inversión, pero no se corresponde con la que hay en el resto de municipios" tratándose, en muchas ocasiones, "de localidades con un mayor número de habitantes, pero que reciben menos inversión".