Ecologistas en Acción ha anunciado que va a emprender dos vías legales para impulsar el plan de limpieza de la tierra contaminada con plutonio y americio en Palomares, en Cuevas del Almanzora, e interpondrá recurso ante el Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que rechaza fijar plazo para su ejecución alegando que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no es competente para hacerlo.

Paralelamente, el colectivo conservacionista ha indicado que iniciará un nuevo procedimiento contencioso-administrativo, en este caso, contra el Consejo de Ministros al que apunta el fallo dictado por la Sección Séptima de la AN, y que contó con el voto particular de dos magistrados.

Ambos consideran que debieron estimarse en parte las pretensiones de Ecologistas en Acción ya que ni la no disponibilidad actual de un Almacén Temporal (ATC) ni la falta de compromiso vinculante de EEUU para asumir el traslado de las tierras contaminadas a un almacenamiento definitivo "pueden justificar la demora en la culminación del proyecto de rehabilitación y, una vez efectuado esto, el inicio del tratamiento de las tierras contaminadas".

Ecologistas en Acción sostiene que la sentencia "no entra en el fondo de la cuestión" ya que "se basa en que el CSN no tiene competencias ejecutivas, sólo consultivas, de inspección y sancionadoras".

Saludan que dos magistrados de los cinco que componen la Sala que hayan discrepado de esa interpretación para "sí entrar en el fondo del problema dando la razón a la solicitud y pidiendo que el CSN fije plazo para la limpieza de Palomares".

"Los dos magistrados discrepantes no se manifiestan sobre la cantidad de material radiactivo a retirar porque todos los documentos sobre Palomares son secretos y carecen de información para opinar", añaden desde el colectivo.

El abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez, recuerda que "hasta ahora" el regulador atómico "ha ejercido funciones ejecutivas, como por ejemplo cuando aprobó el Plan de Rehabilitación de Palomares en 2010 o cuando modificó los criterios radiológicos y ordenó al CIEMAT, en 2015, que se redujera el volumen de tierra a descontaminar obedeciendo a las presiones del Departamento de Energía de EEUU".

"Esta sentencia supone una reducción en las competencias que hasta ahora venía desarrollando el CSN. Si la confirma el Supremo supondrá una sería limitación en las actividades del CSN", remarca.

A la vista de la sentencia, el Consejo Provincial de la Federación de Ecologistas en Acción-Almería, en asamblea celebrada ayer, acordó por unanimidad presentar esta misma demanda ante el Consejo de Ministros y recurrir al Tribunal Supremo la sentencia. 

España deberá informar a finales de este año a la Comisión Europea de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" por el que se debe "eliminar" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo".

La CE recomendó hace una década que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes.

Recogía que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas a 5 mSv por año".

La misión de verificación que visitó Palomares en junio de 2019 comunicó en su informe que no se ha descontaminado "ninguna" de las áreas afectadas y aludía a que las autoridades españolas tenían "toda actividad paralizada" respecto a esta situación a la espera de un "acuerdo vinculante" con EEUU.

España sostiene que para "la solución final" al "problema" del área bajo vigilancia radiológica es "primordial" el acuerdo con EEUU ya que "no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza". 

Mientras, el CSN ha reanudado la medición de plutonio en el área bajo vigilancia radiológica ambiental con la recogida de un centenar de muestras cuyo análisis que dieron como resultado el hallazgo de emisores alfa, es decir contaminación radiactiva, en 72 de ellas.

Los análisis radioquímicos se retomaron el 1 de septiembre de 2020 tras un requerimiento de la Comisión Europea (CE) y, hasta noviembre, se recogieron y trataron 72 filtros de aire para partículas de polvo, 28 muestras de productos alimenticios, en concreto hortalizas cultivadas, y siete bioindicadores de flora y fauna.

El informe preceptivo remitido a la CE por el regulador atómico español concluyó que estos 107 análisis dieron como resultado la identificación de "72 emisores alfa", si bien precisó que solo se había completado la medición de 25 para "determinar" la concentración de actividad de plutonio en aire, alimentos y bioindicadores.

En su informe a Bruselas de diciembre, el CSN comunica, asimismo, que, siguiendo una recomendación de la CE que se remonta a 2010, prevé la "recogida y análisis anual" de muestras de carne de conejo en los entornos de la denominada zona 6, un área de 20 hectáreas que se extiende por la Sierra Almagrera, y la zona 2, donde cayó una de las dos bombas que detonó al impactar contra el suelo tras caer de un bombardero estadounidense en 1966.