Los propietarios de las 120 infraviviendas del paraje Chozas de Redondo, en El Ejido, ya han recibido la notificación por parte del Ayuntamiento para proceder al desalojo de las más de 250 personas que allí moran sin que se les haya ofrecido alternativa habitacional. La orden de ejecución del acuerdo adoptado por la junta de gobierno integrada por PP y Vox llegó el pasado viernes a los diez titulares registrales y catastrales de la finca, según ha indicado a Europa Press el presidente del Cepaim, Juan Miralles.

Según el texto del citado acuerdo, los inquilinos tienen 72 horas para el “completo” desalojo de las infraviviendas “con sus respectivos útiles y enseres” mientras que los diez propietarios tienen un plazo de 48 horas a contar del completo desalojo de los moradores y transeúntes para proceder a su costa a la demolición.

Miralles ha señalado que los inquilinos, que “se supone deben recibir también notificación”, continúan en la zona y que, de momento, “no se ha producido ningún movimiento de maquinaria” en el asentamiento más conocido como ‘Almericien’.

La ejecución del desalojo, y el derribo se aprobó, por unanimidad, en junta de gobierno el 26 de septiembre tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses.

Según el acuerdo, en el polígono 24, parcela 66 del citado paraje se “aprecia” la existencia de un asentamiento con “120 habitáculos autoconstruidos” como chabolas “bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad”.

Recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por “entre 250 y 300 personas”, entre ellas mujeres y niños, que habitan “en una situación de riesgo físico” y señala que “no tendrían derecho de realojo tras el desalojo” al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El acuerdo de junta de gobierno insta, ante el “inminente riesgo físico”, a los moradores de las infraviviendas a que las abandonen en “un plazo de 72 horas, con sus respectivos útiles y enseres” y ordena a los propietarios del suelo a que, en 48 horas después “del completo desalojo de moradores y transeúntes”, procedan a su costa a la demolición.

“Los habitáculos, viviendas y chabolas incumplen los requisitos de superficie, número, dimensión y características de piezas habitables”, remarca el Ayuntamiento ejidense, que añade que presentan “deficiencias graves de seguridad y salubridad, así como de dotaciones básicas, lo que no se puede subsanar mediante obras de rehabilitación”.

Asimismo, les ordena que procedan a la “limpieza y la desinfección” del camino de acceso a la parcela y que, en un plazo de diez días, “piquen, enfosquen y pinten” las fachadas de la decena de viviendas en la zona identificadas con referencias catastrales” con encargo a personal cualificado y bajo supervisión técnica.