La lucha del Gobierno local de El Ejido contra la ocupación ilegal de viviendas en el municipio se intensifica. Un dispositivo conformado por ocho agentes de la Policía Local de El Ejido y el área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento llevó a cabo en la mañana de este miércoles 23 de septiembre un dispositivo que condujo a realizar las tareas de identificación de los moradores de un residencial ubicado en la calle Corrales del núcleo de San Agustín.

Vehículos policiales a las puertas del residencial 'okupado'.

Se trata de un total de 101 viviendas de las que el 90% están ‘okupadas’ de manera ilegal, según los datos aportados por el Ayuntamiento. Durante la operación se procedió a la identificación y a levantar acta de inspección del estado de insalubridad y inhabitabilidad de 40 viviendas y 2 locales. En los próximos días se continuará con estas labores hasta completar todas las viviendas, según el expreso deseo manifestado por el Consistorio.

Uno de los bajos ocupados en San Agustín.

La línea de actuaciones con respecto a este asunto confirma que la lucha contra los ‘okupas’ es un asunto prioritario para el equipo de Gobierno que preside Francisco Góngora, quien ha pedido reiteradamente que se endurezca la ley y existan más herramientas al alcance de la administración para proteger tanto la propiedad privada como la convivencia. Se trata, por tanto, de un paso más en esta tarea y dentro de lo que permite el marco legal, a través de expedientes en vía administrativa que, basados en declarar la situación de inhabitabilidad e insalubridad de las viviendas, permiten proceder al desalojo y cegado de los huecos para impedir nuevas ocupaciones.

De ahí que de forma periódica se convoquen desde Alcaldía reuniones de trabajo y seguimiento sobre este asunto y que el Pleno del Ayuntamiento aprobase en su última sesión reclamar reformas legales al Gobierno de España contra la ocupación ilegal, para la defensa de la propiedad privada y para la protección de la seguridad de las personas. El alcalde, Francisco Góngora, reclama “un marco legal adecuado para poder tipificar que en 24 horas se pueda desalojar un inmueble y que vaya aparejado de una pena privativa de libertad”.

Acceso a una de las viviendas.

Góngora insiste en que es necesario “terminar con esta actividad ilegal que tantos problemas causa al conjunto de la sociedad, ya que no afecta solo al propietario del bien inmueble ocupado, sino que se convierte en muchos casos en un verdadero problema colectivo, ya que afecta a ámbitos de la vida tan relevantes como la salud, la seguridad y la convivencia ciudadana”.