El Ejido

"Estoy siendo víctima de un abuso por parte del poder judicial"

  • Un ejidense denuncia "errores incomprensibles" de un juzgado que le impiden desahuciar a un inquilino que le adeuda más de 30.000 euros

José Jiménez se siente perjudicado por la Justicia.

José Jiménez se siente perjudicado por la Justicia. / diario de almería

José Jiménez es un vecino de El Ejido que lleva muchos meses intentando recuperar una nave industrial que le tiene alquilada a un inquilino que no solo no le paga (le debe más de 30.000 euros), sino que además estaría "desmontando y vendiendo" mobiliario y maquinaria perteneciente al dueño del local "con total impunidad y todo el tiempo del mundo", afirma el afectado. Cerca de año y medio lleva el asunto en trámites de ser resuelto por la Justicia, pero Jiménez denuncia "errores incomprensibles" del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de El Ejido, que según su versión agravan la situación de desamparo en la que se encuentra.

"Primero confundió el desahucio con una reclamación de cantidad", lo cual alargó el proceso, asegura, y ahora, cuando ya se iba a ejecutar el lanzamiento del presunto moroso, "confundió la dirección del local en cuestión por otro que nada tiene que ver con la actividad que allí se realiza, pero ubicado en la misma carretera", sin que el funcionario encargado "ni siquiera lo reseñara al juzgado". "Ahora nos dicen que el proceso tiene que empezar otra vez desde cero", subraya desolado, convencido de estar "sufriendo un abuso por parte del poder judicial".

La historia arrancó cuando el propietario, cansado de los reiterados impagos de la renta, decidió interponer una demanda solicitando el desahucio. Corría el 6 de febrero de 2017, aunque hasta junio de ese año el juzgado no se pronunció. "El 1 de junio, equivocándose de forma clamorosa de procedimiento, en lugar de desahucio por falta de pago inició un procedimiento de simple reclamación de cantidad", explica. El denunciante presentó un recurso que fue resuelto a su favor con fecha 31 de julio, admitiendo el juez que se había producido un error y decretando, ahora sí, el inicio del proceso de lanzamiento.

Pasaron diez meses más hasta que se fijó la fecha del desahucio, datada para el pasado 9 de mayo. "El día de antes se nos dice en el Juzgado que ha habido un error en las notificaciones al inquilino y que hay que empezar de nuevo todo el procedimiento", continúa. "Nos pusimos en contacto con el servicio de notificaciones y nos explicaron que la nave demandada no está en 'Camino de Roquetas 3', sino en 'Paraje Camino de Roquetas 3'". Según constató el propio afectado, la vía, aunque con dos nombres distintos, es la misma. "Le preguntamos si es que en la cédula de notificación no aparece el destinatario y contestaron que no; y posteriormente hemos comprobado que sí que aparece el destinatario en la notificación y en la Diligencia de Lanzamiento". José Jiménez no entiende por qué el funcionario no avisó de esta incidencia, pues "en mi nave hay una empresa de logística y sin embargo en la dirección errónea lo que hay es una iglesia de una comunidad rumana", lo que le lleva a cuestionarse "cuál es el motivo para no hacer ningún tipo de observación cuando entregas la notificación al Juzgado, si en la misma aparece el nombre de la empresa destinataria, dedicada a la logística, lo que no parece que tenga que ver mucho con un local religioso…".

Para más inri, abunda, durante el largo proceso "le he enviado distintos burofaxes al inquilino, a la dirección correcta del local, y está acreditado que le llegaron sin problema", por lo que entiende aún menos el error del juzgado.

Según José Jiménez, el inquilino le ha manifestado en distintas ocasiones, al decirle que pensaba demandarlo, que "vas a patinar conmigo", y tras comprobar que por el momento no ha podido conseguir que abandone su propiedad, afirma que "acertó". Todo esto le invita a preguntarse si existe "incompetencia o corrupción" en su procedimiento. "El caso es que en este momento el inquilino me debe más de 30.000 euros en rentas vencidas, llevo gastados más de 3.000 euros entre abogados y demás, y todavía estamos como al principio. O mucho peor", finaliza.

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